Un grupo de afectados por la erupción volcánica de 2021 en La Palma ha reclamado a las administraciones públicas, especialmente al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, que las ayudas, indemnizaciones e inversiones para la reconstrucción se distribuyan de forma justa y equilibrada entre todos los colectivos damnificados.
El objetivo, señalan, es evitar agravios comparativos, tanto en las cuantías económicas como en los plazos de espera para que las compensaciones se hagan efectivas.
Preocupación por las ayudas aún pendientes
Estas personas expresan su preocupación por el reparto de las ayudas que todavía no han sido abonadas, algunas financiadas por el Gobierno de Canarias y otras con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En declaraciones a ElValledeAridane.com, la web solidaria editada por Tierra Bonita gracias al libro benéfico Las otras historias del volcán, los afectados subrayan que “lo urgente es culminar la compensación a todas las personas que perdieron sus propiedades en la catástrofe hace ya cuatro años”, para que no existan damnificados de primera y de segunda.
Indemnizaciones sin resolver
El colectivo recuerda que aún no se han abonado las indemnizaciones a quienes perdieron segundas residencias y otros inmuebles, e incluso existen expedientes de primeras viviendas que siguen sin resolverse.
A ello se suma que no se ha aclarado qué compensaciones recibirán los propietarios de terrenos que puedan ser declarados espacio natural protegido en la denominada zona roja o zona cero de la erupción. También persiste la incertidumbre sobre los plazos para la reposición de los servicios públicos urbanos, indispensables para que los afectados puedan reconstruir sus viviendas.
Compensación de lo perdido
Los damnificados insisten en que los fondos públicos deben emplearse prioritariamente en completar la compensación del valor de lo perdido a todas las personas afectadas. Según explican, de este modo todas las familias estarían en igualdad de condiciones para reconstruir segundas viviendas o disponer de nuevos inmuebles con actividades comerciales, lo que permitiría diversificar la economía del Valle de Aridane.
En el caso de las segundas residencias, recuerdan que estas viviendas permitían mantener el vínculo de muchas familias que tuvieron que emigrar por motivos laborales, y que seguían pasando temporadas en su Valle natal, contribuyendo a la economía comarcal e insular.
Compromiso del Gobierno
El Gobierno de Canarias se comprometió recientemente, mediante una nota de prensa, a que tras el abono en enero de las indemnizaciones a los agricultores, el siguiente paso del plan de pagos será la compensación a quienes perdieron segundas viviendas. Para ello, el Ejecutivo autonómico ha consignado 50 millones de euros en los presupuestos de este año.
Un compromiso cuya ejecución reclaman con celeridad, recordando que cuando existe voluntad política es posible actuar con rapidez, como ocurrió en el sector agrario, donde el Gobierno regional tramitó 1.136 expedientes y emitió todas las órdenes de pago en menos de un mes, por un importe total de 100 millones de euros.
Falta de transparencia
Los afectados sostienen que, pese a los importantes recursos públicos movilizados tras la catástrofe, la opinión pública sigue sin saber cuánto y cómo se han repartido.
Denuncian que nunca se ha realizado una auditoría o evaluación independiente sobre el uso de estos fondos, lo que, a su juicio, evidencia una gestión con falta de transparencia. Esta “opacidad”, advierten, es “un terreno abonado para la sospecha y la vulneración de derechos”.
“La burocracia, un segundo volcán”
Cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite, los damnificados lamentan que la burocracia se haya convertido en un segundo volcán para quienes ya lo habían perdido todo.
“Sigue habiendo afectados que no han recibido compensaciones completas o que viven en una incertidumbre administrativa permanente”, concluyen.