La Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Valverde acordó la apertura de juicio oral contra un empresario investigado desde mayo por la presunta revelación de los datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas.
La Fiscalía pidió la apertura de juicio
La decisión llegó después de que la Fiscalía presentara escrito de acusación por un delito de revelación de secretos. En el auto, fechado el 3 de julio, el juez Antonio Mazuecos consideró que las actuaciones ofrecían méritos suficientes para exigir responsabilidad a las personas concretadas en la acusación.
Libertad provisional y fianza de 5.000 euros
La resolución mantuvo la situación de libertad provisional del acusado y le requirió una fianza de 5.000 euros para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias. El juicio se celebrará en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Según la investigación judicial, el acusado —propietario de un hotel en la isla— obtuvo un informe médico de la consejera que ella misma había incorporado a un procedimiento judicial por una querella de injurias y calumnias. Posteriormente, lo presentó junto a una solicitud registrada en el Cabildo de El Hierro en la que pedía su dimisión.
En el auto que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado ya se recogía, de forma indiciaria, que el investigado, "lejos de hacer un uso responsable de la documentación que le fue entregada", la presentó en el registro general del Cabildo, dejando así al descubierto los datos médicos de las patologías que padece la denunciante.
La investigación concluyó que la solicitud fue registrada con el certificado digital del investigado y que las diligencias practicadas permitieron vincular la dirección IP empleada con una línea telefónica contratada a su nombre. El órgano judicial apreció además indicios de que la documentación médica pudo quedar al alcance de distintos empleados públicos del Cabildo, al incorporarse al expediente administrativo correspondiente.
Tras finalizar la instrucción, la autoridad judicial apreció indicios suficientes del presunto delito de revelación de secretos y dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía, que finalmente interesó la apertura de juicio oral, ahora acordada por el instructor.
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