El Cabildo Insular de La Palma ha convocado para el próximo 26 de agosto el acto de ocupación definitiva de varias parcelas en el municipio de Villa de Mazo. Se trata del último paso de un proceso de expropiación forzosa destinado a facilitar las obras del nuevo acceso al Complejo Medioambiental de Los Morenos, una infraestructura clave para la gestión de residuos de la isla, cuya operatividad lleva más de una década condicionada por problemas legales, técnicos y urbanísticos.
Las expropiaciones afectan a fincas privadas situadas junto a las carreteras LP-217 y LP-2172, y permitirán ejecutar el trazado que conectará de forma definitiva con el complejo. La ocupación material de los terrenos, según ha informado el Cabildo a través del Boletín Oficial de la Provincia, se realizará tras la consignación del justiprecio a los propietarios.
Una infraestructura con origen accidentado
Aunque el complejo fue construido y llegó a ponerse en funcionamiento, nunca contó con un acceso legalizado ni plenamente operativo. Desde su origen, el proyecto ha estado rodeado de conflictos administrativos y judiciales. En 2011, el Cabildo tuvo que repetir parte del procedimiento por errores en la tramitación del expediente. Ese mismo año, el Partido Popular pidió una comisión de investigación tras la anulación de varias expropiaciones vinculadas al complejo.
La situación se agravó en 2016, cuando el Tribunal Supremo anuló la autorización ambiental del complejo. El fallo, en respuesta a un recurso presentado por la Asociación Montaña Azufre, señalaba la ausencia de un estudio de impacto ambiental actualizado. Sin ese documento, exigido por la legislación vigente, el complejo quedaba en situación jurídica incierta.
Críticas por la gestión de residuos
Además del bloqueo legal, el complejo ha sido objeto de críticas por parte de colectivos ecologistas y formaciones políticas como Podemos, que han denunciado una gestión ineficaz de los residuos. Según Ecologistas en Acción, hasta un 95 % de los residuos de la isla terminan siendo enterrados en Los Morenos, sin separación ni valorización previa, incumpliendo así los objetivos establecidos por las directivas europeas.
A pesar de estas denuncias, el Cabildo ha seguido adelante con el proyecto de acceso, considerado clave para garantizar el funcionamiento estable del complejo y permitir su adaptación a la normativa vigente. Las expropiaciones recién culminadas forman parte de esa estrategia.
La construcción del nuevo acceso desbloquea un problema estructural que el Cabildo arrastra desde hace más de una década. La falta de conexión legalizada no solo limitaba el funcionamiento del complejo, sino que también impedía su regularización administrativa.