La UTE integrada por Satocan, Comsa y Ruiz Romero ha presentado una reclamación de 1,47 millones de euros contra el Gobierno de Canarias por los sobrecostes derivados de la ejecución de la obra de acceso al Puerto de Tazacorte, una infraestructura viaria que ha acumulado más de doce años de incidencias administrativas, suspensiones y ampliaciones de plazo desde su adjudicación.
La reclamación se refiere al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 8 de junio de 2023 y tiene por objeto el resarcimiento de gastos generales de estructura y costes financieros por mantenimiento de avales que la UTE atribuye a retrasos ajenos al contratista. En su pretensión principal, la adjudicataria cifra los daños en 1.463.369,16 euros, a los que añade 13.685,49 euros por avales, hasta un total de 1.477.054,65 euros, sin IGIC ni intereses. De forma alternativa, plantea una pretensión subsidiaria de 648.148,69 euros, calculada mediante un porcentaje estándar.
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha aceptado indemnizar a la UTE sólo con la cantidad subsidiaria, pero un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias emitido este mes de enero avala a Satocan y sus socios "debiéndose reconocer y abonar (...) el importe íntegro de los costes generales reclamados con carácter principal [los 1,47 millones] por la UTE contratista".
Un contrato de 2011
El contrato corresponde a la obra LP-2 Los Llanos–Tazacorte, adjudicada en abril de 2011 por un importe inicial de 14,97 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. Sin embargo, el propio expediente administrativo refleja que desde el inicio la obra quedó condicionada por la falta de disponibilidad de terrenos. El acta de replanteo de junio de 2011 dejó constancia de la necesidad de “suspender el inicio de las obras de forma temporal hasta que se produzca la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto”.
A partir de ese momento, el desarrollo del contrato quedó marcado por suspensiones totales y parciales, reajustes de anualidades y prórrogas sucesivas. Las órdenes administrativas que ampliaron el plazo reconocen de forma reiterada que las demoras no eran imputables al contratista. En una de ellas se señala expresamente que durante determinados periodos “fue imposible ejecutar las obras previstas por causas no imputables al contratista, debido fundamentalmente a la falta de disponibilidad de algunos terrenos necesarios por no poderse finalizar los expedientes de expropiación”.
La tramitación del proyecto modificado nº 1, autorizada en 2018, tampoco resolvió las incidencias. Los informes técnicos incorporados al expediente subrayan que los retrasos obedecían a una acumulación de factores administrativos, como la falta de parcelas expropiadas y la necesidad de adaptar el proyecto a la realidad del trazado. En uno de esos informes se advierte de que “las causas se solapan, siendo difícil e incluso arbitrario atribuir el retraso a un único factor concreto”.
Tercera reclamación patrimonial
Esta reclamación de 1,47 millones de euros se suma a otras dos anteriores ya resueltas por la Administración autonómica. En aquellos casos, el Gobierno canario estimó parcialmente las indemnizaciones, es decir, no abonó todo lo que reclamaba la UTE. La primera, correspondiente al periodo comprendido entre el inicio de la obra y agosto de 2020, se saldó con el reconocimiento y pago de 1,02 millones de euros. En ese expediente, la consejería admitió que “el aumento del plazo de ejecución se debió a causas imputables a la Administración y no al adjudicatario”.
Posteriormente, una segunda reclamación dio lugar al reconocimiento de 1.314.047,23 euros, a los que se añadieron 43.196,61 euros en intereses, por los sobrecostes derivados del incremento del plazo hasta junio de 2023. En la documentación se vuelve a reiterar que las ampliaciones del plazo se concedieron “sin culpa del contratista”.
La carretera de acceso al puerto de Tazacorte, con una longitud aproximada de 2,2 kilómetros, tres carriles y arcenes, fue finalmente puesta en servicio en mayo de 2024, tras más de una década de trabajos intermitentes. Según datos oficiales de la Consejería de Obras Públicas, el coste final de la infraestructura supera los 16 millones de euros, por encima del presupuesto inicial de licitación.