El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado en el Pleno de este miércoles, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida de Basura y Residuos Sólidos Urbanos, conocida popularmente como "basurazo", una tasa impuesta por el Gobierno de España que supondrá un incremento medio del 20% por hogar, y para su cuantía tendrá en cuenta factores como el valor catastral de la vivienda y el número de personas empadronadas en la misma. 

“Vamos a ser el primer ayuntamiento de Tenerife que tenga en la calle esta ordenanza”, defendió el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández: “Vamos a ser el espejo en el que otros se miren". La modificación de la tasa de basuras fue aprobada por con los votos del grupo de gobierno y el concejal no adscrito. 

Tasa obligatoria

La concejala de Hacienda, Francisca Rivero, explicó que la legislación estatal obliga a que el cobro de la tasa esté vinculado a la generación de residuos y que el servicio no sea deficitario: “Hay que cubrir 2,6 millones de euros que deben ser gestionados obligatoriamente por una tasa”.

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez reconoció que “si hubiéramos tenido opción para no imponerla en La Laguna, lo habríamos hecho”. Aseguró que se trata de una obligación legal y añadió: “La tasa actual de basuras que está en vigor es mucho más injusta que la que se va a poner”.

Bonificaciones

Rivero detalló que se han hecho estudios de costes directos e indirectos y anunció bonificaciones de hasta el 90% para personas en situación de vulnerabilidad, un 50% para pensionistas, o reducciones para negocios que gestionan sus residuos con empresas especializadas y para locales afectados por obras prolongadas. También el equipo de Gobierno prevé un descuento para quienes colaboren con el punto limpio. 

"Es una ordenanza que piensa en las personas y que protege a los más vulnerables”, asseguró Hernández. Gutiérrez, por su parte, insistió en que habrá un amplio proceso de información y escucha ciudadana: “Queda casi un año y medio para que esta tasa entre en vigor y haremos un trabajo de pedagogía con la ciudadanía”.

Crisis habitacional

La oposición en bloque votó en contra de la ordenanza y denunció el impacto social de la medida. Rubens Ascanio, portavoz de Unidas Se Puede, advirtió que la medida podría agravar la crisis habitacional: “Va a repercutir sobre el precio ya disparado de los alquileres en La Laguna” y alertó de que muchas familias dejarán de empadronar a miembros de la unidad familiar para evitar subidas, lo que dificultará su acceso a servicios sociales.

Desde Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez criticó los tramos establecidos según el valor catastral, y preguntaba en su intervención por qué la progresión de la tasa acaba en las viviendas de valor catastral de 120.000 euros: "De ahí en adelante hay 9.000 laguneros. ¿Por qué se paró ahí?”. En su opinión, "se castiga de forma bastante agresiva a las familias de clases populares”.

Tasa indiferenciada

Manuel Alejandro Rodríguez, de Vox, consideró la medida "una tasa injusta, indiferenciada, que cobra lo mismo al rico que al pobre”. Mientras que Juan Antonio Molina, portavoz del Partido Popular, lamentó la falta de diálogo previo a la aprobación y señaló que la medida se podría adaptar mejor al tipo de actividad comercial: “No puede pagar lo mismo un local que saca cinco bolsas al día que un despacho que saca una bolsa a la semana”.

El grupo de gobierno insistió en que se trata de una obligación legal y que la ordenanza se ha diseñado para corregir las inequidades del modelo actual. Según el alcalde, “las tasas son para cubrir los costes del servicio, no para enriquecerse”.