Asistimos a un nuevo capítulo relacionado con las oposiciones a policía local de La Laguna. Un proceso que plagado de presuntas irregularidades que ha afectado no solo a los candidatos, también a las pruebas llegando hasta el Tribunal y una concejal.
En esta ocasión ponemos el foco en las academias de preparación, ya que opositores y funcionarios están apuntando a que se está incumpliendo la ley de incompatibilidades. En este caso, la de una academia en la que los directores, además de ofrecer sus servicios como formadores, pertenecen a sindicatos de policía. Un posible conflicto de intereses atendiendo a las previsibles cifras del proceso lagunero, aún por hacerse oficiales.
Según estas, de los 67 que serían aptos al final del proceso, 54 se prepararon con la misma academia, y de los 41 que con plaza –a falta de pasar la prueba médica-, 32 fueron los que allí se formaron.
Problema general
Domingo Chávez, policía local de La Laguna y representante de STAP-Canarias, opina que sí podría haber conflicto de intereses, como situación endémica de las academias en general. En situaciones y contextos de oposiciones cree que se podría llegar a “generar un problema grande porque tienden a favorecer a sus alumnos y escojen de sus academias”.
Según el entrevistado la ley de incompatibilidades dice que “para tú ejercer otra actividad, esa actividad te la tiene que autorizar el Pleno de la corporación. Además, la ley dice que determinadas actividades son susceptibles de ser compatibles hasta cierto grado o cierta jornada. Te dan la compatibilidad, pero te descuentan salario y te la tienen que autorizar. Ninguno de ellos tiene nada de eso”.
Chávez, con casi tres décadas de servicio, explica que el problema es mucho más grave y va más allá de La Laguna. “Lo que yo conozco de los procesos selectivos en toda la isla es que hay un problema grave de intrusismo o intromisión y manipulación por parte de determinadas academias, mayormente clandestinas, hechas un poco para ganarse unas perras unas cuantas personas", expone,
Confrontación y denuncias
De esta manera, asegura que entre ellas acaban chocando “porque dentro están metidos policías, funcionarios y algunos representantes sindicales que están generando un conflicto de intereses y a veces hay represalias entre ellas”, con una rivalidad que llega a un “punto demencial”.
Afirma también que, al concurrir sus alumnos a estos procesos, “desde el minuto uno empiezan los problemas. Empiezan a vigilarse, a controlar que alguna tenga afinidades con miembros del Tribunal,... Actitudes que generan desconfianza y recelos de las otras que van con sus alumnos honestamente a un proceso supuestamente limpio, pero ven esas conexiones y empiezan los roces y suspicacias”.
Al final, según apunta el representante de la STAP, “eso se traduce en denuncias, reclamaciones y confrontación porque cada academia o grupo de alumnos defiende sus intereses”. Domingo recuerda todas las relaciones "de enchufismo y afinidades” que “han sido famosas" y se han denunciado “hasta la saciedad”.
Daños colaterales
En este sentido, apunta a los casos de policías y exprofesores de academias cuyos familiares se presentan a un proceso "y solo por ser 'familiar de' están en el punto de mira y los critican duramente. Las academias se alían para sacar los chanchullos porque interesa, porque al final desmotivas o generas un problema para que desistan, que haya un barrido y de 200 ó 300 opositores se queden 20 ó 30 para 10 plazas. Es goloso”.
Por todo ello, Domingo explica que “muchos acaban denunciando, bien a Fiscalía en contenciosos o bien internamente ante alcaldía o el Tribunal. En casi todas las oposiciones en Canarias hay problemas graves”, sentencia.
Defensa por ley
Goyo y Adal, con los que Atlántico Hoy ya conversó sobre el proceso selectivo, son los responsables de esta academia y defienden la absoluta limpieza de su proceder y el de la academia. El primero, adscrito al sindicato CSIF, explica que “la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, prevé que los funcionarios públicos tengan una serie de actividades que son compatibles, otras incompatibles y otras que están exentas de solicitar compatibilidad”.
Así, según el artículo 19.B de esta ley, por la que mantienen que están dentro del derecho de ejercer la compatibilidad, señala que "la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine".
Ampliación de la norma del Gobierno regional
En este sentido, “el acceso a la preparación a la función pública siempre que no supere las 75 horas anuales estaría exenta de solicitar compatibilidad”, explica Goyo que amplía el amparo al Decreto 150/1990, impulsado por el Gobierno de Canarias, que en su artículo 3 posibilita dar clases de hasta 150 horas anuales:
"La preparación para el acceso a la función pública, que implicará en todo caso incompatibilidad para formar parte de órganos de selección de personal en los términos que prevé el artículo 12.3 del Real Decreto 2.223/1984, de 19 de diciembre, solo se considerará actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades cuando no suponga una dedicación superior a ciento cincuenta horas anuales y no pueda implicar incumplimiento del horario de trabajo", reza el texto.
Por ello Goyo argumenta que “por eso estamos exentos, y no superamos ni mucho menos las horas que hacemos. Además, estamos dados de alta como autónomos y tenemos esa doble retribución como autónomos y funcionarios”, .
Posibilidades para los funcionarios
Por su parte, Adal, de ASIPAL, reseña que “la ley deja abierta una serie de posibilidades a los funcionarios públicos. Entre ellas, una de las que aparece, y creo que con sentido común, que es el preparar a gente para acceder a la función pública. Es decir, el preparar las oposiciones. Bajo mi punto de vista, ¿Quién prepara a la gente a ser funcionario si no es un funcionario?”, argumenta.
El artículo 2 del propio Decreto 150/1990 así lo expone y es en el que se apoya Adal en su argumentario: “Las actividades enumeradas en el artículo 19.b) de la Ley 53/1984, podrán realizarse sin necesidad de autorización o reconocimiento de compatibilidad, únicamente cuando concurran los requisitos establecidos por dicho artículo para el caso de la función de formación de funcionarios y en los artículos siguientes para el caso de preparación para el acceso a la función pública".
De policía a policías
Asimismo, recuerda que los jueces preparan a jueces, policías a policías, inspectores de hacienda a inspectores de hacienda… “Lo que la ley limita es el número de horas”, reitera sobre las palabras de su compañero de academia. “Un profesor de matemáticas no va a preparar a un opositor de policía”, ejemplifica.
“Nosotros tributamos, estamos dados de alta en Hacienda con el modelo 016. Lo que no podemos hacer es formar parte de los tribunales de selección, porque ahí tendríamos intereses porque hay alumnos nuestros que podrían estar en ese procedimiento”, compara Adal.
No solo La Laguna
Además, destaca que La Laguna “hacía diez años que no sacaba un procedimiento y nosotros preparamos alumnos para el Puerto de la Cruz, para Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma,… ¿Sería ilegal preparar a esa gente o solo para La Laguna?”, cuestiona.
“Personalmente, nunca nadie me había acusado de esto. Entiendo que todo el mundo habla de todo el mundo y que nos ha ido bien, pero bueno, no tenía constancia que la gente opinara de esto ”, concluye Adal.