El Partido Popular de La Laguna ha expresado su firme rechazo a la reciente decisión del gobierno municipal de imponer el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías como medida para incentivar su alquiler. Esta es la segunda vez en apenas una semana que el ejecutivo local anuncia un aumento de la presión fiscal, lo que ha generado críticas entre la oposición.
El portavoz popular Juan Antonio Molina ha calificado la medida como una “coacción disfrazada de política social”, afirmando que en lugar de abordar las razones que mantienen muchas viviendas vacías, el gobierno liderado por el Partido Socialista prefiere utilizar "intimidación fiscal". Según el popular esta decisión puede tener un impacto negativo en las economías familiares de muchos ciudadanos de La Laguna.
Inseguridad jurídica
El Partido Popular también destaca que la inseguridad jurídica es la causa principal por la que muchos propietarios prefieren no alquilar sus viviendas. Molina ha señalado que la falta de garantías legales ha incrementado los temores entre los propietarios, quienes enfrentan la posibilidad de no recuperar sus propiedades en caso de impago.
"En el último año, el Ayuntamiento ha emitido más de dos mil certificados de vulnerabilidad, lo que bloquea los desahucios y deja a los propietarios sin recursos para recuperar sus viviendas", denunció Molina.
Además, desde el Partido Popular se critica que esta medida es una “expropiación encubierta”, ya que se obliga a los ciudadanos a alquilar sus propiedades bajo condiciones desfavorables. "El riesgo de impago y la imposibilidad de recuperar una vivienda son reales, pero el gobierno socialista prefiere asustar a los propietarios en lugar de garantizar la seguridad jurídica que necesitan", añadió el portavoz.
Molina concluyó reiterando el compromiso del Partido Popular de defender los derechos de los propietarios en La Laguna. "No permitiremos que las políticas socialistas sigan afectando la libertad de nuestros vecinos. Lucharemos por un marco que realmente promueva el alquiler, pero sin presiones fiscales desmedidas ni amenazas a la propiedad privada", afirmó.