La Asamblea General Extraordinaria del Consorcio del Agua de Lanzarote ha acordado este lunes, por unanimidad, iniciar el procedimiento para la intervención cautelar del servicio del ciclo integral del agua en la isla. La medida responde a una perturbación grave, estructural y continuada del sistema, con la que se busca garantizar la continuidad del suministro mientras se tramita la resolución definitiva del contrato con la actual concesionaria.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha destacado la unidad de los ayuntamientos frente a un problema que afecta a todos los ciudadanos y visitantes. Betancort ha agradecido el respaldo de los alcaldes a las propuestas técnicas y ha subrayado que el interés general se ha situado por encima de los colores políticos para afrontar la deficiente gestión del servicio público.
Acuerdo unánime en Lanzarote
La decisión de intervenir el servicio y continuar con la rescisión contractual se fundamenta en informes técnicos y jurídicos que avalan la necesidad de actuar de forma inmediata. El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, ha señalado que la medida es de sentido común ante el empeoramiento diario de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.
El informe técnico emitido por la gerencia del Consorcio el pasado 1 de abril es tajante al concluir que los problemas no son parciales, sino generalizados en todas las áreas de gestión. Los incumplimientos reiterados de la concesionaria están generando afecciones directas a los usuarios y al medio ambiente, una situación que se agrava por la falta de mantenimiento preventivo y la excesiva demora en la reparación de averías críticas.
Grave deterioro del sistema
Un ejemplo significativo de esta crisis es la situación de la desaladora de Janubio, donde se ha tardado más de tres meses en reparar una electrobomba de captación. Esta desidia ha provocado una pérdida de producción de 5.500 metros cúbicos diarios, traduciéndose en constantes cortes de agua para los vecinos del municipio de Yaiza.
En cuanto a la situación de la plantilla, Oswaldo Betancort ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que se garantizará la continuidad laboral de los trabajadores de Canal Gestión, a quienes considera fundamentales para el funcionamiento del servicio. Respecto a las tensiones políticas internas, el presidente ha afirmado que la información ha sido transversal con sus socios de gobierno y que asume cualquier coste político en defensa del ciclo integral del agua.
Pasos hacia la resolución
El proceso administrativo para la resolución del contrato requiere ahora el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. Este trámite suspende los plazos del expediente por un máximo de 30 días hábiles hasta que el órgano emita su dictamen. Una vez recibido, la propuesta final volverá a la Asamblea para la adopción de la resolución definitiva.
Con el inicio de la intervención, el Consorcio asumirá de forma directa la dirección del servicio, designando interventores con capacidad de decisión sobre los recursos humanos, materiales y económicos de la empresa. Canal Gestión dispone ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que se ratifique el secuestro del servicio público en Lanzarote y La Graciosa.