La Audiencia de Las Palmas ha confirmado las condenas de cinco meses y medio de cárcel impuestas por un Juzgado de Arrecife a cinco individuos que participaron en la agresión que sufrieron en 2017 en Lanzarote dos guardias civiles por parte de un grupo de alrededor de 15 personas.
Según ha informado la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), el tribunal confirmado íntegramente el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital de Lanzarote que declaró a esos hombres autores de un delito de atentado en concurso con lesiones.
Los condenados son Domingo B.G., Jeffrey B.T.N., Graciliano E.H., Kilian E.D. y David F.H., quienes arremetieron en compañía de diez personas más contra dos guardias civiles que habían acudido a un garaje de la localidad de La Santa donde se estaba celebrando una fiesta de madrugada y les golpearon y derribaron al suelo.
Lesiones a los agentes
Como consecuencia, uno de los agentes padeció una cervicalgia que tardó cinco días en curar tras una primera asistencia médica y el otro sufrió la rotura de dos dientes y una desviación de tabique nasal, que requirió de cirugía y le mantuvo de baja durante 45 días.
Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2017, cuando se pidió a una patrulla de la Guardia Civil que acudiera a la zona de La Santa por las peleas que estaban protagonizando una veintena de personas en la calle, en horas de madrugada (entre las 4.30 y las 5.00).
"Celebramos que se haya confirmado la condena contra los principales agresores de nuestros compañeros, pero no podemos ignorar que este proceso ha tardado más de siete años. Esa dilación se ha traducido en beneficios para los condenados y en sufrimiento añadido para las víctimas", asegura en un comunicado el vicepresidente y portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández.
A su juicio, "no se puede exponer a guardias civiles a agresiones colectivas y después aceptar condenas parciales". Este colectivo profesional exige además que el Estado asuma el pago a los agentes afectados de las indemnizaciones que la sentencia impone a los condenados, en caso de que estos sean declarados insolventes.