La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Aguas, ha publicado este jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras del nuevo tramo marítimo de la conducción de abastecimiento de agua potable a La Graciosa. El contrato sale a concurso con un presupuesto base de licitación de 3.880.266,11 euros, sin impuestos, según informó el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
La actuación permitirá sustituir la tubería que conecta Lanzarote con La Graciosa, instalada entre 1996 y 1997. Según el Gobierno canario, la infraestructura actual presenta limitaciones para atender la demanda en los periodos de mayor ocupación y arrastra problemas derivados de las roturas acumuladas tras casi tres décadas de servicio.
"Se trata de un compromiso que adquirimos con los residentes de la isla y en el que hemos trabajado desde inicio de legislatura para poder acometerlo", destacó Manuel Miranda, consejero del área.
1.220 metros de tubería submarina
La nueva conducción se ejecutará íntegramente con tubería de polietileno, tanto en los tramos terrestres como en el submarino. El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 1.220 metros de conducción submarina entre ambas islas y cerca de 1.100 metros de conducciones terrestres en las zonas de conexión.
De acuerdo con la Consejería, la infraestructura permitirá un suministro "más seguro, eficiente y fiable" para residentes y visitantes, reduciendo el riesgo de averías y mejorando la capacidad de transporte de agua potable hacia la isla.
Miranda señaló que "la publicación de esta licitación supone un paso decisivo para ejecutar una infraestructura estratégica para La Graciosa y reforzar la garantía de abastecimiento de agua de la isla, especialmente en los momentos de mayor demanda".
Los trabajos se desarrollarán dentro del ámbito del Archipiélago Chinijo, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y varios espacios integrados en la Red Natura 2000. Por ese motivo, según el Ejecutivo, el proyecto ha requerido más de dos años de tramitación administrativa y ambiental, con estudios batimétricos y oceanográficos, inspecciones submarinas, cartografías de hábitats marinos y análisis sobre flora y fauna protegidas.
La actuación se tramita por el procedimiento de urgencia para aprovechar las condiciones más favorables del mar durante los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de minimizar tanto los riesgos técnicos de la instalación como las afecciones temporales sobre el medio marino, según detalla la Consejería.