El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Transporte y Movilidad, ha intensificado en las últimas semanas su labor de inspección y control frente a los alquileres de vehículos sin conductor ofertados de forma irregular en la isla. Esta actuación se enmarca en la "firme voluntad del actual grupo de gobierno insular de garantizar un marco de competencia leal, proteger al consumidor y reforzar la legalidad en el sector del transporte".
Como resultado de estas acciones, se han tramitado un total de 60 actas de infracción, fruto de las tareas de inspección llevadas a cabo en colaboración con las Policías Locales de los distintos municipios y la Guardia Civil de Tráfico. La mayoría de estas infracciones corresponden a actividades de alquiler sin conductor realizadas o promocionadas sin la debida comunicación al Cabildo, un requisito legal recogido en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (LOTCC).
Sanciones de hasta 4.001 euros por infracción
Dicha normativa califica esta práctica como infracción grave o muy grave, con sanciones económicas que oscilan entre los 801 euros y los 4.001 euros, dependiendo de la gravedad de cada caso.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha manifestado que “no vamos a permitir que se juegue con la legalidad ni con la seguridad de quienes visitan o residen en esta isla. Las empresas que operan de forma legal merecen un entorno justo. Este trabajo, que continuaremos de manera sostenida en el tiempo, demuestra que hemos escuchado al sector y estamos actuando”.
Combatiendo el intrusismo
Por su parte, el consejero insular de Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, ha puesto en valor el trabajo del servicio de inspección del Área, y ha aclarado que las denuncias trasladadas por la Asociación de Rent a Car de Lanzarote (ASERENT) “han sido atendidas con celeridad”. Esta ofensiva inspectora “es una respuesta clara a la preocupación legítima del sector ante el intrusismo, que además de competencia desleal, puede poner en riesgo a los usuarios al no garantizar condiciones mínimas de seguridad o cobertura legal”.
Las acciones promovidas por la Institución insular se enmarcan en las competencias propias del Cabildo, y están reforzadas por las denuncias realizadas por ASERENT, quienes alertaban a la Corporación del impacto negativo de la oferta ilegal, muchas veces canalizada a través de plataformas digitales, sobre las empresas que cumplen escrupulosamente con los requisitos legales.
Riesgos para la seguridad del usuario
La actividad de estas plataformas, cuando no está sujeta a licencia, puede suponer un peligro para quienes alquilan estos vehículos, al desconocer si cumplen con los seguros obligatorios o revisiones técnicas, advertían desde el colectivo de empresas.