El drama de la vivienda en Gran Canaria

Ahora, de repente, todo el mundo se ha dado cuenta de que tenemos un problema tremendo por la falta de viviendas en el mercado, tanto para alquilar como para tener opción a compra, si es que logras que te concedan previamente un crédito hipotecario.

El Cabildo de Gran Canaria, que con un presupuesto de más de mil millones de euros debería ser el motor de nuestra Isla y no lo es, cuenta con una herramienta para la gestión del área de Vivienda, el Consorcio de Viviendas, al que apenas se destina la irrisoria cantidad de 9,2 millones de euros, que no llega ni al 0,9% del total.

Con este raquítico presupuesto, queda claro que para los gobernantes de izquierda del Cabildo de Gran Canaria la promoción y las ayudas para poder acceder a una vivienda ni son ni han sido una prioridad, a pesar de que la Administración insular tiene competencias en la materia reconocidas en la Ley. Precisamente por eso se creó el Consorcio, cuyo objeto esgarantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada para todos los habitantes de la isla, así como facilitar el acceso a una vivienda asequible; aumentar el parque público de viviendas; promover la rehabilitación y la accesibilidad; e incluso prestar servicios de intervención social y mediación para reducir la conflictividad y morosidad en viviendas protegidas.

Para hacernos una idea del balance real del gobierno de NC y PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, en los últimos 12 años no se ha construido en la isla ni una sola vivienda. Ni una. Cero. En estos momentos, sólo se están levantando 63 viviendas en el barrio capitalino de El Secadero, una obra que acumula años de retraso y no estará terminada antes de las elecciones de 2027, y otras diez viviendas colaborativas en Valleseco que se iniciaron en el anterior mandato y que tampoco tienen fecha de finalización.

Fracasos de Augusto Hidalgo

Junto al presidente Antonio Morales, el máximo responsable de este desastre es el anterior alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, hoy vicepresidente insular y consejero de Vivienda, el mismo que se encargó de la reposición del barrio de Las Rehoyas, cuyo primer edificio lleva años terminado pero los vecinos siguen esperando por las llaves de sus viviendas, con el perjuicio añadido de que el Ayuntamiento se ha tenido que gastar 190.000 euros, de momento, para pagar seguridad privada y evitar que entren okupas. 

A estas 148 viviendas de Las Rehoyas pendientes de entregar pese a estar terminadas hay que sumar otras 76 viviendas de reposición en el barrio de Tamaraceite. Por no hablar de la instalación de ascensores en varios bloques de La Paterna, otro fracaso más de Augusto Hidalgo durante su etapa como alcalde, que ya veremos si obligará al Ayuntamiento a devolver los fondos europeos con los que se financió el proyecto por los reiterados incumplimientos de los plazos, también durante este mandato con la nueva regidora Carolina Darias.

Augusto Hidalgo, que se marchará del Cabildo sin haber entregado una sola casa, también habla a menudo de otras 240 viviendas en Las Torres, pero lo único que ha hecho en estos casi cuatro años ha sido firmar un convenio con Las Palmas de Gran Canaria y transferir 100.000 euros en 2025 y una cantidad similar en 2026 para redactar el proyecto y elaborar un estudio geotécnico del terreno. Eso sí, él sigue vendiendo de forma machachona el proyecto como si el año próximo ya estuviesen ejecutados los más de 39 millones de euros previstos para esta promoción. La triste realidad es que, a día de hoy, no existe ni estudio geotécnico ni proyecto de obra ni proyecto de ejecución. Nada de nada.

Los grancanarios deben saber también que este Cabildo, aun pudiendo, no destina ni un solo euro a ayudas al alquiler de familias con escasos recursos, y tampoco tiene entre sus prioridades articular ayudas al alquiler para la gente joven. Prácticamente, la única actividad del Consorcio es convocar cada dos años unas subvenciones para mejoras de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, y una segunda línea de ayudas para obras de primera necesidad en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad. Esta última se convocó el pasado mes de mayo y debía estar resuelta en noviembre, pero Augusto Hidalgo ha ampliado el plazo para que la resolución definitiva se publique poco antes de las elecciones.

Ante este desolador panorama, desde el grupo político del PP llevamos años presentando diferentes iniciativas en materia de vivienda, como la puesta en marcha de ayudas para que las comunidades de vecinos puedan financiar la instalación de ascensores en edificios antiguos, donde ni siquiera pueden acceder las camillas de las ambulancias y las personas mayores o con movilidad reducida viven recluidas como en un cárcel sin poder salir de sus hogares. 

También hemos pedido en el Pleno la reposición del barrio de San Francisco, una moción del PP que fue aprobada por unanimidad, al igual que otra en la que instábamos al Gobierno canario a entregar las escrituras de propiedad a las familias adjudicatarias del I y II Plan de Viviendas.

Plantilla sobrepasada

Por si fuera poco, hasta los propios trabajadores del Consorcio denunciaron hace unas semanas que la plantilla la conforman apenas 13 personas, por lo que la tramitación de la única línea de subvenciones convocada en esta anualidad se retrasa, al igual que los expedientes, los pagos y el día a día de este organismo público dependiente del Cabildo.

Sin embargo, para lo que sí tuvo tiempo el señor Hidalgo fue para viajar a principios de octubre a Cartagena de Indias (Colombia) y participar como ponente en el III Congreso Internacional de Turismo, Patrimonio y Sociedad, donde impartió la conferencia titulada Ciudades resilientes y turismo sostenible en España: el modelo de Las Palmas de Gran Canaria. Un asunto que nada tiene que ver con sus actuales responsabilidades.

Como decía, el PP en el Cabildo de Gran Canaria ha propuesto diferentes iniciativas para revertir la situación de la vivienda en Gran Canaria, desde duplicar el presupuesto del Consorcio e impulsar la construcción de vivienda pública, hasta suscribir convenios con los 21 ayuntamientos para comprar viviendas inacabadas y ponerlas en alquiler asequible, o generar una bolsa de viviendas vacíos estableciendo incentivos a los propietarios, un mecanismo que ha funcionado muy bien en otros muchos ayuntamientos de España.

Como ha señalado en diferentes ocasiones el presidente insular del PP, Carlos Sánchez, para resolver el problema estructural de la vivienda en Gran Canaria es necesario incrementar la oferta residencial, tanto pública como privada,  y construir al menos 10.000 nuevas viviendas. Para ello, abogamos por la colaboración público-privada, sin olvidar la necesidad de actualizar los módulos económicos de la vivienda protegida para adecuarlos a los costes reales.

Ahora que el foco del debate en esta precampaña electoral se ha puesto en los desahucios, no está de más recordar que desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno de España se han producido más de 270.000 desahucios en todo el país –entre ellos el de una mujer y sus dos hijos menores que se produjo esta misma semana en la capital grancanaria, gobernada también por el PSOE– lo que evidencia la distancia entre los anuncios del Ejecutivo y los desastrosos resultados de sus políticas de vivienda.

Además, las sucesivas medidas regulatorias impulsadas por el PSOE a nivel estatal están teniendo otros efectos igual de perniciosos, como es la retirada de más de 4.200 viviendas del mercado de alquiler. Por eso, la prioridad debe ser recuperar la confianza de los propietarios y generar condiciones que permitan incorporar al alquiler una parte de las viviendas vacías, manteniendo al mismo tiempo los mecanismos públicos de protección para las personas en situación de vulnerabilidad.

Ahora todo el mundo habla de los desahucios y de los famosos decretos de Pedro Sánchez pero, ¿qué han hecho los partidos de izquierda que han gobernado el Cabildo de Gran Canaria en los últimos 11 años? Pues nada de lo que tendrían que haber hecho, como construir viviendas públicas para el alquiler, o levantar las 350 viviendas prometidas en la Feria del Atlántico (que anunciaron en octubre de 2023, con una inversión prevista de 46,7 millones de euros, y de las que un 10% se iba a destinar a viviendas colaborativas). Como siempre, todo quedó como un engaño más de Augusto Hidalgo a los grancanarios. No sólo está en las hemerotecas, sino que él mismo lo confirmó en las comisiones de pleno.

Al mismo tiempo, desde el Consorcio se podrían haber convocado ayudas al alquiler, atraer viviendas vacías para una bolsa de viviendas disponible en un plan alquila…, en definitiva, hacer algo. Pero nada. El balance de 63 viviendas en más de una década en Gran Canaria es absolutamente ridículo.

Para rematar el drama de la vivienda, tanto en Gran Canaria como en el resto de España, y para poner en evidencia la enorme hipocresía del PSOE, esta semana hemos conocido a través de los medios de comunicación que el novio de Montse Míguez, su portavoz nacional, es administrador de cuatro empresas de alquiler con decenas de pisos y de otras tantas constructoras, y no tuvo problema alguno en desahuciar a los vecinos morosos. En definitiva, un gran tenedor o, mejor dicho, un fondo buitre en toda regla. Como dice el refranero español, “el que escupe p’arriba…”. O en otras palabras que también definen a la perfección la doble moral del PSOE: "Haz lo que digo, no lo que hago".