Joaquín Martínez

Opinión

Economía de guerra

Emprendedor y empresario

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Presentaba Sánchez el pasado lunes las medidas de su llamado Plan Nacional de Consecuencias de la Guerra. Un plan a tres meses vista, ya que su caducidad es el 30 de junio. Esto sin duda, va en concordancia con los planes de la clase política nacional y regional actual: la política de hoy para hoy y sin estrategia de cara al futuro.

Es decir, política para escapar de esta como sea y en 3 meses “vamos viendo”. Aunque quizás sea preferible así, ya que aun muchos estamos tratando de olvidar aquel canto de sirena en forma de Plan 2050 que presentó el Gobierno hace unos meses con su “FUTURO DESEABLE”.

Especialmente relevante es la parte de los créditos ICO con 10.000 millones más de avales y la ampliación de devolución y carencia. Recordemos que la devolución ya se había ampliado a un máximo de 8 años en total y que la carencia del pago del principal del préstamo va en la actualidad por los dos años. Cada día se va pareciendo más a una deuda perpetua para muchas empresas.

Por su parte las entidades de crédito no están muy por la labor de esta situación porque el BCE ve esto como una refinanciación de la deuda y van a tener que provisionar esta deuda, en su gran mayoría, aunque esté avalada por ICO que a su vez decide seguirlos posponiendo. Esta medida fue una huida hacia delante y dos años después aún nadie sabe cómo resolver. Pobres de aquellos que hayan decidido no posponer, atender a sus obligaciones en tiempo y forma y estén pagando religiosamente su cuota...

Se amplían los ERTEs hasta el 30 de junio, una medida que va en consonancia con entender que con los precios de la energía disparados y los paros en transporte provocando desabastecimiento en muchas industrias, estas deban parar su actividad y fomentar que las empresas en dificultades acudan al ERTE en lugar de al despido. De hecho, se condicionan estas ayudas y ERTEs a la prohibición de despedir por parte de estas empresas.

En cuanto a la limitación de subida del alquiler en un 2% recordemos que la subida del precio del alquiler fijada anualmente por contrato se basa en el IPC y este en febrero se ha ido al 7,6%. Por lo que el gobierno trata de defender a los arrendatarios para que no carguen con el 100% de la inflación. Habrá que ver cómo esta medida afecta a la ya escasa oferta y creciente demanda en el mercado del arrendamiento inmobiliario de mantenerse en el tiempo.

Pero las medidas que todos esperábamos son las referidas a la energía.

Por el lado eléctrico, se va a aplicar una triple medida: primeramente, se va a poner un tope al precio del gas, no se ha detallado la cuantía en la que se establecerá dicho tope y se debe aún esperar una confirmación por parte de Bruselas. En segundo lugar, se va a ampliar el número de familias beneficiarias del bono social eléctrico; y por último se van a recuperar 1800 millones de las renovables para reducir directamente la factura de la luz. En octubre del año pasado ya les comentaba que llegaría el momento de elegir entre políticas verdes o políticas sociales debido a la inflación. Pues bien, este es un claro primer paso.

En cuanto al precio del combustible, se plantea una bonificación al carburante de 20 céntimos por litro, aunque no se ha especificado como se va a articular esta bonificación. Veremos si esta medida contenta a los transportistas y desbloquea una situación que parece enquistada y cuyas consecuencias son peores cada día que pasa. A los transportistas también se les destinarán ayudas directas por vehículo. Terreno complicado este del combustible, ya que hay voces expertas que alertan de que vamos a un racionamiento del diésel por falta de producción y en esta línea, China ya ha anunciado que no exportará a partir del 1 de abril.

El otro día comentaba en un artículo que firmaba Jose Willis que el gobierno va a hacer todo lo posible por no bajar ningún impuesto, ya que la recaudación aumenta con la inflación. Es mucho más fácil (y eficaz electoralmente hablando) ofrecer ayudas a colectivos seleccionados o a toda la población con el dinero (y la deuda) de todos. O quizás se haga con las ayudas europeas que tenían como destino modernizar nuestro tejido productivo y no parchear durante tres meses una economía en la UVI.