Vivimos en una sociedad en la que la confianza en nuestra Administración de Justicia se encuentra francamente erosionada, motivada esencialmente por los largos procesos de espera hasta obtener una sentencia firme que, además, no siempre resuelve los problemas del ciudadano. Tampoco favorece la sensación generalizada de impunidad que en no pocas ocasiones suscita las dificultades de ejecutar una pena de prisión, existiendo la opinión de que las influencias y afinidades políticas son cruciales para que una persona ingrese en prisión, por no hablar de las cuestionables medidas de gracia que en última instancia puede adoptar el poder ejecutivo en función de sus intereses. En el otro extremo, nuestra historia judicial también nos ha dejado casos de personas que, tras pasar varios meses e incluso años de su vida en prisión, han resultado ser inocentes. Siendo el caso, por ejemplo, del ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, o más recientemente el de un señor que cumplió condena por la comisión de un delito de agresión sexual durante 15 años y que luego resultó absuelto.
Por desgracia, esta distorsión está cercana a repetirse con un padre de familia de Arrecife con dos hijos a su cargo, a quien el Juzgado que tramita su procedimiento de ejecución le ha concedido dos días para ingresar voluntariamente en prisión por la comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar frente a su ex mujer hace casi diez años, pese a que cumple con todos y cada uno de los requisitos legales para que se le conceda el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, como sucede en la inmensa mayoría de las ocasiones.
Cabe preguntarse qué va a suceder con sus dos hijos menores de edad en el supuesto de que finalmente el padre, que carece de antecedentes penales, se vea obligado a cumplir los dos años de prisión. Sobre todo, teniendo en consideración que ha sido él quien se ha encargado del sustento y manutención de los hijos, e incluso de la propia madre —y ex mujer—, quien padeció brotes psicóticos con ideas delirantes que le condujo a agredir a sus dos hijos menores de edad tiempo atrás, llegando incluso a ser acusada de homicidio en grado de tentativa.
No pretendo entrar a discutir la justificación o razonabilidad de los motivos por los que este señor ha sido condenado por unos hechos cometidos diez años atrás. No obstante, debo subrayar que el padre carece de un perfil o peligrosidad que demande aislarlo de la sociedad y privarle de libertad internándole en un centro penitenciario, no manteniendo ningún tipo de relación o contacto con su ex mujer, a quien ha resarcido oportunamente. Por el contrario, su ingreso en prisión le reportará un efecto muy perjudicial en su vida por la estigmatización social que supone haber ingresado en un establecimiento penitenciario, y sobre todo, un gravísimo perjuicio a sus hijos menores, quienes se verán privados de su sustento y apego, con las consiguientes carencias emocionales que les comportará.
Sentido común
Esta desgarradora situación me conduce a plantearme si es justo que una persona deba abandonar a sus hijos menores para cumplir una pena de dos años de prisión por la comisión de unos hechos que sucedieron hace casi diez años, cuando carece de antecedentes penales y de peligrosidad, y cuando además, ha resarcido ya a su ex mujer. Abandonando conceptos jurídicos, y apelando al sentido común, a nadie se le escapa que no es justo que ingrese en prisión la persona que en su día se preocupó y se esforzó en que una madre mantuviese contacto con sus hijos, aún cuando se encontraba sometida a tratamiento como consecuencia del brote psicótico que casi llega a causar la muerte a los niños, y que ahora, sea la propia madre, cuyos intereses su ex marido defendió, la que pretenda que este señor sea privado de libertad.
Por estas razones, entre otras, los abogados del padre de familia condenado han solicitado su indulto, petición que desafortunadamente tampoco ha sido suficiente para paralizar la orden de ingreso en prisión, a diferencia de lo sucedido en casos de conocidos políticos o empresarios condenados por la comisión de delitos mucho más graves y de mayor repercusión social y mediática que el que nos ocupa.
Pese a todo, sigo confiando en nuestra Administración de Justicia, albergando la esperanza de que sus profesionales otorgarán el debido amparo a este padre de familia, espero que más pronto que tarde. Sin duda, nos encontramos ante una oportunidad única para recuperar la confianza en la justicia, con la que inicié estas líneas.