Obediencia canaria, soberanismo político, soberanismo económico, soberanismo social, soberanismo identitario... ¿Para qué nos sirve todo eso se preguntarán algunos? Y entendemos que haya gente amoscada ante esas demandas que unos pedimos y otros pretenden denigrar. Por ello, en mi opinión, es preciso insistir con una respuesta entendible y rotunda para instar a las instituciones y a los responsables políticos de aquí a que implementen, sin demora, una agenda social mucho más amplia y que se aleje del politiqueo. Y perdón por un palabro que puede sonar ofensivo, pero que la propia academia de la lengua define como: “La actividad política superficial, ligera o de intriga... distanciándose de la política seria”.
En el año 2024, numerosos informes constataban que en Canarias había más de 700.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, o lo que es lo mismo, el 40 % del total de la población. Nadie se rasgó las vestiduras, pero no era la única advertencia porque la mayor parte de los indicadores de calidad de los servicios básicos analizados nos colocaban varios puntos por debajo de la media del Estado.
Pobreza
No puede extrañar pues que el activismo de Drago Canarias estorbe tanto, cuando denuncia y llama a desalambrar situaciones sociales humillantes e inercias políticas que no pueden aceptarse por más tiempo. Siendo cierto que los datos han mejorado algo desde entonces, otro informe presentado hace sólo unos meses —octubre de 2025— viene a insistir en la gravedad de unas cifras inasumibles de pobreza y evidencia amplias capas de exclusión social.
Veamos. La cesta de la compra se ha encarecido significativamente en todos los artículos —un 40% en cinco años—, la encuesta de población activa (EPA) sigue anclada en el 12,63 % de paro, las perspectivas de la pequeña y mediana empresa no muestran confianza en el futuro —5,2 % por arriba del Estado—, la pobreza de quienes sobreviven con menos de 644 euros al mes escala al 10,6 % —225.000 personas—, el 18 % de las familias no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada —403.000—, el 57,4 % confiesa dificultades para llegar a fin de mes —1,28 millones— frente a 47,4 % del resto del Estado; el 49 % de los hogares de Canarias no podría afrontar gastos imprevistos…
Además, esta situación de necesidad tiene rostro de mujer, de edad y de personas con algún grado de discapacidad. Afecta al 25,6 % de mujeres frente al 23,6 % de hombres, al 40,2 % de personas con discapacidad reconocida y, desgraciadamente, la pobreza infantil es una de las más altas del Estado —más de 91.000 niños y niñas sufren precariedad y el 23,4 % de nuestros mayores—.
Desigualdad
Ante esta situación, hay una pregunta que fluye sola: ¿Es razonable que la ciudadanía siga otorgando la manija del gobierno de las instituciones a quienes nos han traído hasta aquí? No parece razonable, es más, en esas cifras se esconde la respuesta rotunda y clara que señalaba al inicio. La lógica nos dice que, si los datos de Canarias son objetivamente peores que los del resto de naciones y territorios del Estado, la clase dirigente debería ser renovada para que llegue otra con las manos libres de ataduras y pueda establecer nuevas prioridades de gobierno. No tendría que haber debate en esto, pero lo hay, aunque ello implique cerrar los ojos a las evidencias económicas y sociales, a los recientes acontecimientos electorales, a dinámicas de crispación política, a la posible llegada de gobiernos de la derecha o la ultraderecha... Un maremágnum de circunstancias que tapan la realidad social de lo que sucede.
Esta precariedad contrasta con unos índices de crecimiento económico que nos sitúan por encima de la media estatal. Una contradicción entre mayor riqueza y peores condiciones de vida nos lleva directamente a la gestión de la redistribución de la riqueza que genera el territorio, y es ahí donde radica el nudo gordiano del problema político que tenemos encima de la mesa: la gestión deficiente de los asuntos sociales, las bajas pensiones, salarios más bajos, la escasa construcción de vivienda pública, la yincana que supone acceder a un alquiler a precio razonable, los miedos a suprimir licencias para la explotación turística en viviendas, a declarar zonas tensionadas como ya se hace en otras ciudades, a generalizar una tasa turística, a fijar más impuestos a empresas puramente especulativas, a reforzar los servicios públicos y garantizar un acceso universal a los sectores más vulnerables...
Agenda social
Dicho en plata, ¿de qué hablamos cuando pedimos implementar una agenda social amplia? Pues hablamos de ayudar a las familias más vulnerables en el pago de las necesidades básicas —agua, luz, alimentación, comedores escolares, vestido, becas...— que no puedan cubrirlas por su situación económica. Hablamos de mejores prestaciones económicas a la exclusión, hablamos de un acceso razonable a la vivienda, de trabajo y salarios dignos, de sanidad universal y de calidad, de institucionalizar la educación de 0 a 3 años, de priorizar la educación pública en todas las etapas, de establecer normativamente el acceso gratuito a la movilidad insular e interinsular, de apoyar el regreso puntual o definitivo de los canarios con raíces que tuvieron que emigrar, de una atención especial a la infancia y a los mayores vulnerables, de una protección legal y social a las minorías... En definitiva, hablamos de políticas activas orientadas a una redistribución de la riqueza disponible que tenga como objetivo prioritario reducir las desigualdades. Hablamos de justicia social, nada más y nada menos.
Aunque a regañadientes, se empieza a reconocer que las demandas que plantea Drago Canarias no pueden despacharse con el sustantivo de radicalismo, que son cosas razonables y tienen todo el sentido presente y futuro. Recordar brevemente que venimos planteando, sin eufemismos, decrecer en turismo y ganar en sostenibilidad, aprovechar las plusvalías del sistema actual para iniciar una diversificación del modelo productivo, regenerar una clase política agotada, abrirnos como sociedad a una mayor transparencia de lo público, gobernar reconociendo las diferencias insulares sin perjuicio de potenciar lo que nos une, afrontar las urgencias de la vivienda desde una óptica multifactorial, la necesidad de cuidar el territorio y el medio ambiente, que la juventud tenga voz y cauce para orientar el futuro de su tierra, plantearse con rigor el equilibrio poblacional que puede soportar este país, defender sin temor la identidad y la cultura propia... y sobre todo ello, priorizar la madre de todas las urgencias: Una agenda social amplia y sostenible que nos vaya sacando de estas realidades dolorosas que tanto cuestionan el desarrollo y bienestar de nuestra gente.
Compromiso
En eso está y seguirá estando el activismo y la acción política de Drago Canarias.
Ese es nuestro compromiso.