La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales para dos de los imputados del denominado caso Valka, el empresario Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón.
El fiscal del caso, Javier Ródenas, ha reclamado estas medidas al magistrado instructor, Rafael Passaro, al considerar que existen “indicios racionales de criminalidad contundentes” contra ambos investigados.
La petición cuenta con el respaldo de la representación legal del Ayuntamiento, ejercida por la letrada Tatiana Quintana.
Comparecencia judicial
La solicitud de medidas cautelares se produjo tras la comparecencia de los dos imputados en los juzgados de la capital grancanaria, donde ambos optaron por acogerse a su derecho a no declarar.
Fuentes judiciales han indicado que el magistrado aún no se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento.
Según la investigación, la corporación municipal habría sufrido un “expolio de unos 400.000 euros” en el marco de esta supuesta trama.
Facturas infladas
La causa investiga un presunto sistema mediante el cual se inflaban las facturas del agua que la empresa de Felipe Guerra suministraba al Ayuntamiento para el riego de calles y otros usos municipales.
Los hechos se habrían producido entre 2015 y 2022, sin que los servicios municipales verificaran si los importes facturados se correspondían con las lecturas reales de los contadores.
De acuerdo con la Fiscalía, el Consistorio llegó a pagar sobrecostes superiores al 70 % respecto al consumo real.
Otros investigados
En el procedimiento también figura como investigada la exconcejala socialista Inmaculada Medina, quien dimitió en este mandato como edil de Carnaval.
El ministerio público sostiene que, cuando era responsable de Parques y Jardines, convalidó pagos pese a conocer las irregularidades, en colaboración con otros implicados.
Entre ellos se encuentra otro funcionario, identificado como Sergio G.C., al que también se vincula con la operativa investigada.
La Fiscalía aprecia la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Las diligencias continúan abiertas y tanto Inmaculada Medina como Sergio G.C. están citados a declarar ante el magistrado el próximo viernes.