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Las Palmas

El Ayuntamiento de Las Palmas, condenado a pagar 1,5 millones por el palacete de San Bernardo

Una sentencia del TSJC falla contra la inclusión del edificio, que acogió la primera sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en el Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal

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En primer término, el palacete de San Bernardo, la primera sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas. / AH

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a indemnizar con casi 1,5 millones de euros —la cantidad, en concreto, asciende a 1.489.203,76 euros— a la familia Díaz de Lezcano, propietarios del palacete de San Bernardo, edificio que acogió la primera sede de la Presidencia Gobierno de Canarias. El fallo, fechado en 2016, además de la compensación económica ya admitía el recurso interpuesto contra la protección del inmueble en el Plan General de Ordenación Urbama de la ciudad, el Plan Especial de Protección y Reformar Interior (PEPRI) de Vegueta-Triana y en el Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal.

La decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de incluir el palacete de San Bernardo en planes de protección, según la resolución judicial, provocó la pérdida de edificabilidad de la finca, limitó su uso al de administrativo-público y condicionó durante varias décadas su encaje en el mercado inmobiliario. La parcela, que ocupa el número 27 de la céntrica calle del barrio de Triana, el 28 de Primero de Mayo y el 15 de Juan de Padilla, roza los 1.000 metros cuadrados y la vivienda cuenta con dos plantas que en total suman 400 metros cuadrados; el resto corresponden a jardines y terrazas

Sorpresa

El dictamen, emitido por la Sala de lo Contencioso —Sección Segunda— del TSJC, no es nuevo: está fechado el 25 de julio de 2016 y algo más de un año después —31 de octubre de 2017— se aprobó dar cumplimiento a la sentencia firme. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la parte ejecutante recurrieron en reposición la resolución judicial que cuantificaba la cantidad dineraria producida por la pérdida de edificabilidad del inmueble tras su calificación como vivienda protegida. El 15 de marzo de 2021 se desestimó la apelación del consistorio capitalino y se fijó la indemnización, en un primer momento, en 1.289.193,76 euros, cantidad que dos meses después se rectificó hasta los cerca de 1,5 millones de euros en un fallo contra el que ya no cabe recurso alguno. 

La novedad en este proceso judicial reside, precisamente, en la obligación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de tener que afrontar el abono de una compensación económica tras descatalogar el inmueble —que ya puede ser derruido para levantar dos edificios de viviendas; uno de seis plantas y otro de cuatro alturas—. El pasado jueves, 7 de marzo, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado, Mauricio Roque, firmó junto al secretario general técnico y el jefe de servicio de Urbanismo la resolución de pago de la indemnización.

Lugar histórico

El caserón de San Bernardo, como se conocía a la propiedad de los Díaz Lezcano, fue la primera sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en los años 80 del siglo pasado. Con Jerónimo Saavedra (PSOE) como jefe del primer Ejecutivo autonómico fue escenario de eventos históricos, como las recepciones reales a Juan Carlos I y el Conde de Barcelona —padre del monarca— o las visitas de los primeros presidentes de la democracia española —Adolfo Suárez y Felipe González—. La compra, precisamente, de una lujosa vajilla para las ceremonias con ilustres invitados generó cierta polémica alrededor de un edficio que también fue destino final de numerosas protestas populares durante los años 80. Su último servicio público, hasta 2012, fue acoger la sede del Diputado del Común, curiosamente con Saavedra al frente de la oficina autonómica.

Jerónimo Saavedra, primer presidente de Canarias. / AH
 

En 2018, el Partido Popular propuso en la comisión de pleno de Desarrollo Urbanístico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituir un grupo de trabajo con el Ejecutivo canario y el Cabildo grancanario para intentar comprar el edificio y garantizar su conservación. Sin embargo, el gobierno municipal —con Augusto Hidalgo (PSOE) como alcalde— expuso en ese momento que el consistorio no disponía de capacidad económica para adquirir el inmueble y consideró que en la ciudad había otras necesidades más urgentes —como la finalización de la reposición de las casas baratas de Tamaraceite