En junio de 2023, cuando el actual grupo de gobierno asumió el mando del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se encontró con una herencia tan compleja como incómoda: una deuda millonaria con Emalsa, la empresa mixta responsable del ciclo integral del agua, acumulada desde 2014. Dejar el contador a cero se convirtió en un objetivo prioritario fijado por la alcaldesa, Carolina Darias, y hoy, dos años después, la ciudad está en disposición de saldar una cuenta que superaba los 40 millones de euros.
“La situación con Emalsa era muy mala", reconoce Francisco Hernández Spínola, concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos. "Nos encontramos con una deuda arrastrada durante más de una década y con sentencias judiciales que el Ayuntamiento ni siquiera había ejecutado”, resume el edil socialista. Desde entonces, el grupo de gobierno, a través de un grupo de trabajo compuesto por el propio Hernández Spínola, Inmaculada Medina —concejala del área de Aguas—, Isabel Armas, directora general; y el jefe de Unidad de Aguas, se puso como reto reordenar el modelo de gestión del agua en la ciudad.
Señala a Cardona
El camino ha sido largo y técnico. El Ayuntamiento ha saldado ya 18,5 millones de euros, correspondientes a la tasa de depuración impagada entre los años 2014 y 2021, y en junio aprobó un crédito extraordinario de 22,9 millones de euros que permitirá cubrir los ejercicios 2022, 2023, 2024 —sólo de ese año corresponden ocho millones de euros, cifra que se ha ordenado pagar ya—y parte de 2025. “Hemos abonado lo que nos ordenaron los tribunales y también lo que determinamos por informes técnicos propios. Todo con rigor jurídico, a pesar de los reparos de Intervención, que hemos levantado con resoluciones motivadas de Alcaldía”, detalla Spínola.
La deuda total supera los 40 millones de euros y con su abono el Ayuntamiento espera “poner el contador a cero y cumplir con las obligaciones del contrato”. Un agujero que, según recuerda el edil, nació cuando el exalcalde popular Juan José Cardona rompió la relación institucional con Emalsa: “Cardona intervino la empresa, decisión que revocó la Justicia, dejó de pagar lo que correspondía por contrato y, además, acudió a la Fiscalía [por un supuesto quebranto de la compañía contra la ciudad por valor de 10 millones de euros] con recortes de prensa como única prueba. No había informes municipales, ni técnicos, ni económicos”.
Dos ordenanzas y un plan
Pero el plan del grupo de gobierno no se ha quedado solo en pagar facturas. En estos dos años, el Ayuntamiento ha impulsado una profunda modernización normativa del servicio del agua, aprobando por primera vez una ordenanza de saneamiento, que obliga a las grandes empresas a pagar por sus vertidos; una ordenanza social para regular las tarifas del agua, congeladas desde 2009; y un plan estratégico del ciclo integral del agua, con una visión a diez años —y tras lograr 100 millones de euros de financiación estatal—.
“La tarifa del agua no se tocaba desde hace 14 años", recuerda el concejal del PSOE antes de explicar que "ahora la hemos actualizado con justicia social: las familias vulnerables apenas notarán la subida, pero los grandes consumidores pagarán más. Eso es aplicar el principio de que quien contamina, paga”, explica Spínola.
Más control municipal
También se ha reformado el peso institucional del Ayuntamiento dentro de Emalsa, que hasta ahora era socio minoritario con un 34%. “Hemos cambiado los estatutos de la empresa para que ninguna decisión estratégica pueda tomarse sin el acuerdo del Ayuntamiento. Aunque tengamos menos acciones, ahora tenemos voz y voto en lo importante”.
En paralelo, se han destinado 2,8 millones en inversiones para la mejora de la red de saneamiento, con obras en barrios como La Isleta, Las Coloradas o Ciudad Alta, y se ha conseguido una financiación estatal de 100 millones de euros para construir una nueva depuradora, al considerarse que la actual, en Barranco Seco, está completamente saturada.
Recurso esencial
“Este mandato ha sido clave para poner orden", subraya Hernández Spínola. "No solo estamos pagando lo que se debía, también estamos modernizando el servicio, invirtiendo en infraestructuras y fortaleciendo el control público sobre un recurso esencial como es el agua”, concluye Spínola.
Tras años de litigios, impagos y relaciones institucionales rotas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aspira ahora a dejar atrás uno de sus episodios más conflictivos con una empresa pública-privada y recuperar el control y la planificación sobre uno de los servicios más sensibles de la ciudad.