El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado validez oficial a una nueva reclamación de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) por la pérdida de ingresos derivada de la falta de actualización de la tasa de depuración durante el año 2024. La cuantía reconocida asciende a 8.010.952,27 euros, según consta en el decreto firmado el pasado 29 de julio por la concejala del Área de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, Inmaculada Medina.
Emalsa es una sociedad de economía mixta cuya mayoría accionarial está en manos privadas: el fondo de inversión sueco EQT, a través de Nuinsa Inversiones SL y la multinacional francesa Saur, controla el 66% del capital, mientras que el Ayuntamiento conserva un 34%. Esta estructura convierte cada revisión tarifaria en un delicado ejercicio de equilibrio entre intereses públicos y privados.
La reciente resolución municipal acepta parcialmente las reclamaciones económicas de la empresa por no haberse revisado el precio público del servicio desde el año 2009, pese a estar previsto contractualmente. Aunque un informe técnico sostiene que la tarifa vigente garantiza el equilibrio económico, el Ayuntamiento reconoce una deuda con Emalsa por la no actualización efectiva del precio público, y remite el expediente para su acumulación con otros anteriores.
Larga historia de reclamaciones
Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento admite compensaciones a Emalsa por este mismo motivo. Entre 2014 y 2016, la empresa ya reclamó más de 8,3 millones por idéntica causa. La Junta de Gobierno estimó parcialmente dicha reclamación en 5,3 millones de euros, que acabaron abonándose a la compañía.
Posteriormente, la Justicia dio parcialmente la razón a Emalsa en un contencioso sobre las tarifas de 2017, obligando al Ayuntamiento a reconocer una tasa revisada de 0,409124 €/m³, muy superior a la vigente entonces. A raíz de esa sentencia, se calculó una nueva deuda acumulada por el período 2017-2021 de 13,27 millones de euros.
El conflicto se intensificó con las tarifas de 2022 y 2023. Emalsa reclamó más de 28 millones de euros por ambos ejercicios, cifra que también fue tomada en consideración por el Ayuntamiento, que la estimó en 14,97 millones de euros, según consta en la resolución 2024–33761.
Tarifas más altas
En paralelo a las reclamaciones, Emalsa ha solicitado reiteradamente la revisión al alza de las tarifas, proponiendo para 2022 un precio de 0,93 €/m³ y para 2023 de 1,02 €/m³, muy por encima del valor vigente desde 2009 (0,276 €/m³). Estas peticiones no han sido atendidas hasta ahora, generando el grueso del conflicto.
En el caso de 2024, la empresa presentó tres reclamaciones parciales por semestres, que suman una exigencia global de 15,4 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que, de esa cantidad, sólo proceden ocho millones como indemnización por incumplimiento contractual, dado que la tarifa revisada de años anteriores cubre los costes reales del servicio.
Mecanismo legal
Según el contrato de concesión, la única vía de compensación económica prevista es la revisión anual de tarifas a petición de la empresa, previa justificación técnica. En consecuencia, las reclamaciones por daños y perjuicios solo se aceptan si existe una ruptura del equilibrio económico atribuible al Ayuntamiento, lo que ha sido objeto de diversas interpretaciones judiciales.
El decreto municipal de 2025 subraya esta distinción: las diferencias económicas por falta de actualización tarifaria deben ser solventadas con revisiones ordinarias o, en su defecto, mediante reclamaciones contractuales, pero no deben repercutirse en la tarifa pagada por los usuarios.
Relación de medio siglo
El actual modelo de gestión indirecta mediante empresa mixta se instauró en 1998, con una duración de cincuenta años. Emalsa gestiona el ciclo integral del agua, incluyendo captación, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración, y se encarga de infraestructuras clave como las depuradoras de Barranco Seco, Tafira, Tamaraceite y Tenoya.
A medida que avanza la concesión, los conflictos económicos entre ambas partes parecen intensificarse. Con más de 40 millones de euros reconocidos en deudas acumuladas por falta de revisión tarifaria, el modelo vuelve a estar en el foco del debate político y ciudadano.
¿Quién paga realmente los errores del pasado? Aunque las resoluciones insisten en que las indemnizaciones no deben trasladarse a la factura del consumidor, lo cierto es que las arcas municipales —y por tanto los contribuyentes— han asumido el coste de buena parte de esas diferencias.