La Fiscalía Anticorrupción, tras interrogar durante dos horas a Inmaculada Medina, ha solicitado al juez medidas para limitar los movimientos de la exconcejala, aunque son menos restrictivas que las pedidas al empresario Felipe Guerra y al funcionario Miguel Ángel Padrón, principales investigados en la pieza separada del caso valka que afecta al área de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria.

A Guerra y Padrón se las ha retirado el pasaporte, tienen prohibido salir de España y deben comparecer de manera periódica en el juzgado para firmar, mientras que Medina sólo se enfrenta a las prohibición de viajar fuera del territorio nacional.

La última palabra la tiene el magistrado Rafael Passaro, que decidirá en las próximas horas si toma o no medidas adicionales contra Medina, una petición a la que se opone su defensa y que tampoco ha sido respaldada por la letrada del Ayuntamiento de Las Palmas Palmas de Gran Canaria.

Confianza en sus técnicos

La exconcejala niega amistad con el empresario y rechaza que tuviera la obligación de revisar personalmente las facturas presentadas por Guerra Patrimonial para cobrar el agua. Esa responsabilidad, a su juicio, recaía en sus técnicos y en el departamento de Intervención, sin que tuviera motivos para cuestionar la confianza depositada en la gestión del servicio.

Entre el personal de su máxima confianza estaba Padrón, entonces jefe de Parque y Jardines. Medina no está imputada por enriquecerse con facturas infladas, sino por permitir supuestamente que Guerra y Padrón lo hicieran.

El matiz es importante porque al empresario y al jefe del servicio se le atribuyen los delitos de cohecho y de blanqueo de capitales, mientras que a Medina se le reprocha malversación de caudales públicos por comisión por omisión, es decir, por firmar las facturas para autorizar los pagos sin comprobar las lecturas de los contadores durante siete años.

Responsabilidad en cadena

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, está convencido de que Medina incumplió de manera sistemática la obligación de exigir las lecturas de los contadores. Cotejar los consumos era el único mecanismo de control existente para verificar el cumplimiento de los cuatro contratos bajo sospecha, los cuales afectan al agua de riego y a los tomaderos de Tamaraceite.

Así lo establecen los pliegos de las condiciones técnicas, pero entre 2015 y 2022, con Medina como máxima responsable de Parques y Jardines, esas lecturas nunca se incorporan a los expedientes administrativos, aunque Guerra Patrimonial sí se los mandaba por correo a Padrón, mano derecha de la concejala.

Fraude sistemático

A finales de 2022, con el cambio de varios responsables de departamento, es cuando empiezan a reclamarse las lecturas de los contadores, produciéndose un descenso importante del agua facturada.

El juez instructor y el fiscal Anticorrupción no sólo ven en ese hecho indicios de malversación, sino un concierto de voluntades para desviar fondos públicos de manera sistemática durante siete años.

También se apoyan en un préstamo de 400.000 euros que Guerra Patrimonial concedió a Padrón para construir viviendas vacacionales en La Palma, así como en los cuatro grupos de wasap que compartían el empresario, el funcionario y a la concejala, cuyo contenido evidencia que la relación entre los tres iba más allá de lo profesional.

La única que da la cara 

El interrogatorio se centró en esa aparente relación de amistad y en la firma de las facturas sin las lecturas de los contadores. Según las fuentes consultadas, Medina respondió a todas las preguntas formuladas por juez y fiscal, aunque se vivieron momentos tensos al no ajustarse algunas de sus respuestas a las cuestiones planteadas.

Con todo, es la primera investigada que responde a las preguntas de juez y fiscal. Medina considera que asistir a la comunión de la nieta del empresario no evidencia una relación de amistad porque la invitación fue genérica, es decir, a todo el grupo, con varios jueces y abogados entre sus miembros.

En cuanto a la obligación de verificar los contadores, la exconcejala insistió en que esa tarea le corresponde a los técnicos. Apeló, en ese sentido, al principio de confianza en la gestión, destacando que las facturas autorizadas estaban previamente firmadas por los técnicos.

Omisión de control

También planteó que la decisión de enviar a Padrón a Limpieza fue suya, que el nuevo equipo entró con ella y que también implementó un sistema de sensores para optimizar la gestión del agua en la ciudad. Estas acciones, a su juicio, desmontan los indicios de querer beneficiar a Felipe Guerra.

El fiscal, en cambio, no lo ve así: considera que Medina autorizaba el pago de las facturas incluso antes de que se firmasen las actas de conformidad con el gasto, sin que nadie exigiera en esos trámites las lecturas de los contadores. De ahí que pida la retirada de su pasaporte y que siga imputada en la causa por malversación por comisión por omisión.