El Juzgado de lo Penal nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha sentenciado a Pablo Quintero Hernández, exjefe de gabinete de la Alcaldía, a siete meses de prisión por un delito de acoso sexual contra una periodista que trabajaba bajo su mando en el Ayuntamiento. La condena también incluye una indemnización de 20.000 euros a la víctima, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena.
Según la sentencia, Quintero Hernández empleó su posición de autoridad entre 2020 y 2021 para acosar sistemáticamente a la periodista. El tribunal declaró probados hechos como insinuaciones de índole afectiva, proposiciones inadecuadas y comentarios reiterados sobre el físico de la mujer, como “tienes un culo muy bonito”. En una ocasión, incluso la comparó con una pareja mediática diciendo: “Tú eres mi Laura Escanes y yo soy tu Risto Mejide".
Represalias laborales
Además, el fallo relata cómo, ante las negativas de la periodista a sus avances, el acusado implementó represalias laborales, dejándola sin tareas asignadas y advirtiéndole de posibles consecuencias profesionales. Quintero utilizó pretextos laborales para insistir en encuentros personales, incluyendo comidas y reuniones fuera del horario de trabajo.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante un viaje a Madrid en el que el acusado excluyó a personal de mayor rango para incluir a la víctima en una cena privada junto al alcalde y otras autoridades. En el ámbito local, Quintero también realizó gestos supuestamente “amistosos”, como enviarle flores tras el fallecimiento de un familiar, que posteriormente usó para reprocharle una supuesta falta de gratitud.
Condena ejemplar
El tribunal concluyó que estas conductas tuvieron un impacto devastador en la víctima, quien sufrió un trastorno de estrés postraumático que la mantuvo incapacitada durante 180 días y requirió tratamiento psicológico prolongado.
La sentencia, firmada por el juez Juan Gallego Ortiz, ha sido considerada un paso clave en la lucha contra el acoso sexual en el ámbito laboral público. La resolución no solo pone de manifiesto la gravedad de los hechos, sino que envía un mensaje claro sobre las consecuencias del abuso de poder.
Reacciones y lecciones
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que inicialmente formó parte de la acusación particular, se retiró del caso antes de la celebración del juicio, dejando a la periodista y al Ministerio Fiscal como principales impulsores del proceso judicial.
El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en el ámbito político local. Diversas organizaciones han aplaudido la valentía de la víctima por denunciar y han exigido medidas más contundentes para prevenir este tipo de comportamientos dentro de las instituciones públicas.