El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el reconocimiento y la liquidación de una obligación de 738.337,09 euros, derivada de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6. De ese total, 219.946,03 euros corresponden a intereses de demora —casi el 30% de la factura— y 518.388,06 euros al principal de la revisión de precios del contrato municipal de Servicio de Conservación de Calzadas, Aceras, Plazas y Zonas Peatonales (Lote 1), ejecutado entre julio de 2013 y mayo de 2018. El decreto está fechado el 30 de septiembre de 2025.
La sentencia estimó el recurso de Lantania SAU, la empresa adjudicataria, y ordenó al Consistorio abonar la revisión de precios más los intereses devengados —y los que se sigan acumulando hasta el pago—, además de las costas. Consta en el expediente que la resolución es firme y que el juzgado acordó la ejecución forzosa al haber transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario.
Cobertura presupuestaria
Para atender el pago, la Sección de Vías y Obras tramitó una retención de crédito el 1 de septiembre de 2025, vinculada a las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto e incluida en la modificación de créditos aprobada por el Pleno Municipal el pasado 25 de julio de 2025. El informe de Intervención es de 29 de septiembre de 2025 y el decreto autoriza, dispone y reconoce la obligación, ordenando su remisión a Tesorería para el abono.
El decreto identifica dos aplicaciones presupuestarias: una para el principal, de 518.388,06 euros, y otra para los intereses, de 219.946,03 euros. El endosatario del pago es el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria.
Responsabilidad municipal
La resolución está firmada electrónicamente por el concejal delegado de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Alberto Díaz Mendoza, con intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno y el jefe de servicio de Vías y Obras y Alumbrado por encomienda.
El expediente cita la normativa aplicable, así como las delegaciones y organización interna del Ayuntamiento y las Bases de Ejecución del Presupuesto 2025, que habilitan a la concejalía para autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones en los términos del presupuesto municipal.
Impacto para las arcas
Con este reconocimiento de deuda, el Ayuntamiento evita mayores recargos y pone fin a un litigio que se arrastraba desde 2020, si bien el retraso en la ejecución incrementa el coste con más de 219.000 euros en intereses de demora. La orden es trasladar el expediente a Contabilidad para asentar el gasto y efectuar el pago por Tesorería.