Pulso extremo en la Plaza de la Música. El presidente de la batucada Piratas del Caribe, Manuel Benítez, encara su cuarto día de huelga de hambre con un mensaje de resistencia absoluta frente a la orden de desalojo voluntario emitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Una protesta al límite

Benítez permanece atrincherado desde el lunes en la sede que ocupa el colectivo junto al Auditorio Alfredo Kraus. Admite que la protesta está siendo dura, con mareos, cansancio y ganas de "comerse un toro", dice con voluntad de no perder el humor y la alegría.

A pesar del debilitamiento físico, su voluntad no flaquea: "Solo tomo agua con la medicación y caramelos", asegura el dirigente. Piratas del Caribe lleva más de una década en la Plaza de la Música, es una de las batucadas habituales del Carnaval y no está dispuesta a irse sin una alternativa municipal a cambio.

Su salud, si el Ayuntamiento no le ofrece una salida, va camino de convertirse en moneda de cambio para resolverse un conflicto que también afecta a la asociación de capoeira y la parranda Guanarteme. Estos dos colectivos también han recibido notificaciones para que dejen su local en 10 días, aunque ninguno ha optado por la confrontación directa que lidera Benítez.

Intervención en la Junta de Distrito

Ante la falta de respuesta por parte del grupo de gobierno, Piratas del Caribe ha decidido llevar el conflicto a las instituciones. Benítez ha solicitado formalmente su intervención en la próxima Junta de Distrito de este viernes.

Con esta medida, la batucada busca forzar el diálogo y romper el silencio municipal respecto a la recuperación de los locales de la Plaza de la Música. Su postura es la misma que al principio: si no se le garantiza un espacio alternativo para ensayar y custodiar el material no se van de manera voluntaria de  la sede actual.

Una alternativa

A pesar de la gravedad de la medida de presión y del arraigo de Piratas del Caribe en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento sigue sin pronunciarse oficialmente sobre la controversia.

La orden de desalojo responde a los planes de reordenación de la zona de El Rincón y la ausencia de contratos en regla para explotar esos espacios, pero la falta de una mudanza pactada ha convertido un trámite administrativo en un drama humano.

El gobierno local, por el momento, rechaza pronunciarse sobre la solución. Otras fuentes apuntan que hay reuniones internas y que la posible solución pasa por reubicar a los afectados en otro sitio.