Los propietarios del Asadero de Pollos Jandía, el restaurante Los Porches, el Grill Chez Luigi y El Novillo Precoz se han conformado con penas de un año y cuatro meses de cárcel, multas de 1.260 euros (seis meses a razón de siete euros diarios) e inhabilitación de tres años por la 'operación Bife', una investigación por la venta de carne en mal estado realizada en 2018 por la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
La dilación en llegar a juicio y el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados ha facilitado el acuerdo con la Fiscalía, el cual ha sido ratificado este martes por el Juzgado de lo Penal número 6.
Sin afección al negocio
Las fuentes consultadas explican que la inhabilitación está centrada en la manipulación y manufactura de los alimentos, no en la venta en sí de los productos cárnicos, por lo que los propietarios podrán seguir al frente de sus restaurantes, sin que la medida les afecte a sus negocios.
Esto, sin duda, es un alivio para El Novillo Precoz, que es uno de los asadores más populares de la capital grancanaria y está regentado por los hermanos G. A. S. L. y A. A. S. L. También para C. P. G. V., del Asadero de Pollos Jandía, en San Fernando de Maspalomas; F. R. S., de Los Porches, y R. M. G., del Grill Chez Luigi.
El acuerdo impone las mismas penas de cárcel, multa e inhabilitación para G. M. L., J. B. P. V. y F. S. Q. Se trata de los comerciales de Congelados La Ballena, mercantil que importaba la carne en contenedores hasta el Puerto de Las Palmas para venderla al por mayor a los clientes desde su nave de El Sebadal.
Castigo mayor
Los administradores y gerentes de la mercantil, en cambio, han sido condenados a penas más elevadas: un año y ocho meses de prisión por manipular el etiquetado de los productos, entre otras artimañas destinadas a modificar las fechas de caducidad. Son A. S. A. T., A. A. A. C. y E. N. A. C. Asimismo deben pagar 1.620 euros de multa (seis meses a razón de nueve euros diarios) y cumplir tres años de inhabilitación.
Ninguno de los condenados deberá entrar en prisión al ser las penas inferiores a los dos años y quedar la ejecución de la sentencia suspendida en ese sentido.