El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha señalado el juicio de la 'operación Bife' para el próximo siete de octubre. Se trata de una investigación de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 1 en la que fueron detenidas 22 personas por vender carne caducada, aunque finalmente sólo se ha formulado acusación contra 11.
En la causa están implicados los responsables de la empresa que importaba y distribuía la carne desde su nave en el polígono industrial de El Sebadal, así como un asadero de pollos y tres restaurantes, entre ellos El Novillo Precoz, una de las referencias en asados de la capital grancanaria.
Acuerdos
La vista oral está señalada a efectos de una posible conformidad, lo que significa que la Fiscalía y las defensas están dispuestas a llegar a acuerdos para pactar la sentencia, evitando así la celebración de la sesión formal del juicio.
Este tipo de pactos conlleva un reconocimiento de los hechos y una aminoración del reproche penal. El asunto es del 2018 y no generó ningún tipo de intoxicación o problema de salud a los comensales.
Todo indica, por tanto, que se podrán aplicar atenuantes cualificadas para reducir las penas al mínimo. El problema es que este tipo de delitos lleva aparejados castigos accesorios de inhabilitación, lo cual afecta de manera directa a los negocios y podría complicar algunos acuerdos.
Implicados
El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública, aunque solicita penas más elevadas para A. S. A. T., A. A. A. C. y E. N. A. C. Son los gerentes y administradores de Congelados La Ballena, mercantil que importaba la carne en contenedores hasta la nave de El Sebadal.
Las etiquetas de los productos congelados y refrigerados eran manipuladas si se caducaban o se acercaba la fecha máxima de consumición, detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.
Los artículos eran vendidos a un precio inferior al habitual a los restaurantes, que conocían la situación real en la que se encontraba la mercancía, añade la acusación pública.
Penas
Los gerentes y administradores se enfrentan a penas de hasta cuatro años porque eran los máximos responsables de la empresa y tenían capacidad de decisión, mientras que los comerciales G. M. L., J. B. P. V. y F. S. Q. se exponen a dos años y medio de prisión.
También se reclaman dos años y medio de cárcel para C. P. G. V., dueño del Asadero de Pollos Jandía, en San Fernando de Maspalomas; F. R. S., propietario del restaurante Los Porches; R. M. G., responsable del Grill Chez Luigi, y los hermanos G. A. S. L. y A. A. S. L., ambos dueños de El Novillo Precoz.
Registros
La Guardia Civil intervino en los diferentes registros 200 toneladas de mercancía en malas condiciones sanitarias, y verificó que la empresa mayorista, entre 2015 y 2018, "vendió a sus clientes alimentos no seguros o en condiciones deficientes destinados al consumo humano", sostiene la acusación.
Los agentes se encontraron con artículos que llevaban varios años caducados, etiquetas manipuladas y hasta material para alterarlas de manera "mendaz".
Benevolencia y descontrol
En la nave, además, existía "cierto descontrol", mezclándose en el almacén los productos aptos para su venta con los que estaban pasados de fecha.
El fiscal ha dejado fuera del pleito a los cocineros y otros empleados de los restaurantes, pues la participación en los hechos fue residual o menos relevante que el resto de investigados.