La operación Bife, que comenzó en 2018 y se saldó con 22 detenciones años después, está más cerca de llegar a juicio en Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra 11 personas, a las que acusa de poner en peligro la salud de los consumidores al vender carne caducada.
Entre los acusados figuran los responsables, comerciales y empleados de Congelados La Ballena, una empresa de distribución de alimentos al por mayor afincada en El Sebadal, así como un asadero de pollos y tres restaurantes, entre ellos El Novillo Precoz, una de las grandes referencias en asados y carnes a la parrilla de la capital grancanaria.
Posibles penas
El ministerio público les atribuye a todos de un delito contra la salud pública, aunque solicita penas más elevadas para A. S. A. T., A. A. A. C. y E. N. A. C. Son los gerentes y administradores de la mercantil que importaba la carne en contenedores hasta la nave en El Sebadal.
Se trata de productos congelados y refrigerados, cuyas etiquetas eran manipuladas si se caducaban o se acercaba la fecha máxima de consumición. Luego vendían los artículos a los restaurantes a un precio inferior al habitual, sabedores estos de la situación real en la que se encontraba la mercancía, sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.
Esos tres acusados, al ser los máximos responsables de la empresa y tener la capacidad de decisión, se enfrentan a una pena de hasta cuatro años de cárcel, mientras que G. M. L., J. B. P. V. y F. S. Q. se exponen a dos años y medio de prisión, pues solo eran los comerciales o vendedores de los productos en mal estado.
Negocios minoristas
La misma pena reclama la acusación pública para C. P. G. V., dueño del Asadero de Pollos Jandía, en San Fernando de Maspalomas; F. R. S., propietario del restaurante Los Porches; R. M. G., responsable del Grill Chez Luigi, y los hermanos G. A. S. L. y A. A. S. L., ambos dueños de El Novillo Precoz.
Este último establecimiento fue registrado el 26 de junio de 2020 por agentes del Seprona de la Guardia Civil, que buscaban albaranes de compra, facturas y pruebas directas de carne en mal estado.
Antes, el 15 de febrero de 2019, con la causa secreta, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria autorizó la entrada y registro en Congelados La Ballena, cuya nave de El Sebadal fue finalmente cerrada.
Pruebas
La Guardia Civil intervino 200 toneladas de mercancía en malas condiciones sanitarias, y verificó que la empresa, entre 2015 y 2018, "vendió a sus clientes alimentos no seguros o en condiciones deficientes destinados al consumo humano", destaca el fiscal en su acusación.
Los agentes se encontraron con artículos que llevaban varios años caducados, etiquetas manipuladas y hasta material para alterarlas de manera "mendaz".
En la nave, además, existía "cierto descontrol", mezclándose en el almacén los productos aptos para su venta con los que estaban pasados de fecha.
Análisis
Aparte de alterar las etiquetas, los acusados congelaban las carnes refrigeradas y les ponían fechas de consumo distintas a las originales. Tampoco disponían de los equipos técnicos para realizar esas operaciones, como son los túneles de congelado.
Los análisis sanitarios, finalmente, revelaron que la mercancía intervenida no era válida para el consumo. De ahí la acusación por un delito contra la salud pública. El fiscal deja fuera de la causa a los cocineros y otros empleados de los restaurantes, pues la participación en los hechos fue residual o menos relevante que el resto de investigados.
El escrito de acusación es de finales de febrero, por lo que aún no hay fecha para la celebración del juicio oral, que será en un juzgado de lo penal.