El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria afronta una investigación judicial por el presunto amaño sistemático de contratos menores para celebrar fiestas y actos en diferentes distritos, como Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya o el Puerto y La Isleta en la parte baja de la ciudad.
En este caso no es Anticorrupción, sino la Fiscalía Provincial de Las Palmas quien ha traslado al juzgado sus sospechas sobre la contratación irregular del Ayuntamiento. En concreto, resultaron beneficiadas tres empresas vinculadas a un mismo empresario, con 340.000 euros facturados entre 2023 y 2025.
El decreto de la Fiscalía señala al empresario Luis Santiago Sánchez de manera directa, al tiempo que revela la existencia de "decisiones presuntamente prevaricadoras" gestadas desde el interior de la administración municipal, recoge el documento remitido al juzgado.
Las pesquisas tienen su origen en una denuncia sobre contrataciones de fiestas en las concejalías de distrito que podrían ser constitutivas de delitos de malversación y prevaricación administrativa. Esa denuncia original fue planteada por el PP en el marco de las diligencias abiertas contra la Sociedad de Promoción, pero Anticorrupción la remitió a la Fiscalía Provincial porque afectaba a otro órgano de contratación, no a la empresa pública investigada.
Concierto de voluntades
La acusación pública, tras analizar el informe de la UDEF sobre las irregularidades denunciadas por el PP, pone el foco en la connivencia entre la administración y el adjudicatario.
La fiscal Mercedes Gil emplaza al juez a identificar "plenamente al responsable público que en concierto con Luis Santiago Sánchez creaba una apariencia de legalidad y transparencia" en los expedientes, actuando a sabiendas de las irregularidades.
El coladero de los distritos
La investigación revela una estrategia deliberada para burlar el control de los fondos públicos. Según detalla el texto, la presunta trama operaba descentralizando las contrataciones desde la Sociedad de Promoción hacia las concejalías de distrito. Esta maniobra tenía la intención de eludir los principios de libre concurrencia, eficiencia, igualdad de trato y transparencia que exige la contratación pública.
La Fiscalía subraya la importancia de un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad fechado el 1 de febrero de 2024. Mediante este documento, se delegó la competencia para adjudicar contratos menores en los concejales titulares, concejales delegados, presidentes de distritos y en el Coordinador General de Hacienda. Esta delegación de poder incluía de forma expresa la competencia para autorizar el gasto y para "motivar la necesidad del contrato en los términos legalmente exigidos", destaca el decreto.
La confesión del empresario
La principal amenaza legal para los gestores municipales proviene de las declaraciones del propio empresario investigado, Luis Sánchez, quien logró múltiples contratos a través de las sociedades Exyum Pro21, Horus Pro24 y Azur Pro24. En total, más de 340.000 euros con presupuestos sin desglosar.
Durante su interrogatorio policial, el empresario confesó que el conocimiento de los servicios a prestar le llegaba directamente a través de los responsables de las concejalías. Lejos de proteger a sus contactos, Sánchez ha entregado a los investigadores una lista identificando a las personas que le daban los avisos, precisando que en su mayoría se trata de "gestores económicos públicos".
El empresario sostiene que le entregaban documentación antes de las adjudicaciones y que celebraban reuniones personales durante los procesos de licitación. Sin embargo, los correos electrónicos cruzados y la constancia de esas reuniones en la sombra fueron omitidos y no figuran en los expedientes administrativos oficiales, salvo en un único caso.
En varios expedientes incluso se detectó la ausencia del informe preceptivo que justifica la necesidad de la contratación.
Imputaciones en el Ayuntamiento
Aunque la denuncia se dirige únicamente contra el empresario particular por un posible delito de fraude en la contratación, la fiscal advierte que esto es un mero formalismo técnico debido a las "limitaciones de las que las diligencias pre-procesales aún adolecen en cuanto a su duración" (el ministerio público dispone de seis meses para investigar y remitir sus conclusiones al juzgado si ve indicios de delito).
"En modo alguno", por tanto, está descartada "la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que hubieran intervenido en los hechos", aclara la denuncia.
La fiscal solicita la apertura de diligencias previas contra el empresario y la depuración de responsabilidades de los miembros de la administración que participaron en la tramitación y ejecución de la supuesta red de contratos a dedo.
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