La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha rechazado investigar la última denuncia del Partido Popular (PP) contra la Sociedad de Promoción por la gestión y la adjudicación de las fiestas y los actos culturales de Las Palmas de Gran Canaria.
La mayoría de las sospechas recogidas en esa nueva ampliación no afectan a la Sociedad de Promoción, sino a los barrios y las concejalías de distrito.
Son, por tanto, órganos de contratación diferentes, razón por la que no se pueden incorporar esos hechos a la investigación abierta en Anticorrupción, cuyo objetivo es aclarar si existen indicios de fraude sistemático en la adjudicación de eventos relevantes para la ciudad, como los carnavales o el espectáculo Masdanza, entre otras celebraciones vinculadas a la Sociedad de Promoción.
Otro responsable
Eso no quiere decir que no se vayan a investigar tales hechos. Tras la negativa recibida desde Madrid, Anticorrupción ha remitido la denuncia a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que deberá nombrar un instructor o instructora y abrir las correspondientes diligencias preprocesales.
El PP alerta en su escrito, que fue presentado por Jimena Delgado este verano, de una concentración de contratos menores en tres empresas, las cuales están relacionadas con un mismo administrador y recibieron múltiples adjudicaciones en un corto periodo de tiempo para realizar actividades en los barrios capitalinos.
El administrador de esas sociedades, según el PP, está relacionado con Camino Viejo, que es una de las principales promotoras de eventos investigada por Anticorrupción.
Esta empresa local, además, representa a Daniel Calero, que es hijo de Inmaculada Medina, concejal de Carnaval y presidenta de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. De ahí que el PP pida que se investigue la actuación de Calero en fiestas como las celebradas recientemente en La Isleta y San Lorenzo.
Carnaval
También señalan los populares a Josué Quevedo, que es el director artístico del Carnaval. Su empresa ha recibido adjudicaciones directas para organizar las fiestas, sin la celebración de concursos públicos. Eso, según el PP, choca con el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde también trabajó Quevedo y tuvo que competir con otros licitadores para organizar el Carnaval de Maspalomas.
En líneas generales, los denunciantes ven un patrón similar al detectado en la Sociedad de Promoción: el empleo generalizado del procedimiento negociado sin publicidad para soslayar la Ley de Contratos del Sector Público con la excusa de las exclusividades artísticas.