La Dulcería Parrilla, uno de los establecimientos más emblemáticos del barrio de Triana —con 122 años de historia—, deberá cesar la actividad de su obrador después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ordenara su paralización al concluir que funciona sin la correspondiente habilitación administrativa y desarrolla un uso industrial incompatible con la normativa urbanística que protege el entorno histórico de Vegueta-Triana.
Lo que comenzó hace años como una disputa vecinal por los ruidos procedentes de un obrador ha terminado colocando contra las cuerdas a uno de los establecimientos más conocidos del barrio de Triana. La ejecución de una sentencia judicial impulsada por el propietario —pero no residente— de un piso ubicado en el edificio donde se encuentra la Dulcería Parrilla ha desembocado en una resolución del Consistorio capitalino que ordena el cese de la actividad de elaboración desarrollada por la empresa.
Dos locales
La decisión municipal afecta al obrador vinculado a la histórica pastelería de la calle General Bravo, un negocio con más de un siglo de trayectoria en la capital grancanaria. Según la documentación municipal, durante la tramitación del procedimiento quedó acreditado que la actividad que se desarrollaba en uno de los locales asociados al establecimiento carecía de la correspondiente habilitación administrativa.
El origen del conflicto se encuentra en las denuncias presentadas por un vecino por las molestias derivadas del funcionamiento del obrador. La controversia acabó llegando a los tribunales y, tras años de procedimientos administrativos y judiciales, el denunciante obtuvo una resolución favorable. Posteriormente solicitó la ejecución de la sentencia, un paso que ha resultado determinante para la actuación que ahora ejecuta el Consistorio.
Obrador
La resolución municipal concluye que en uno de los inmuebles vinculados al negocio se desarrollaba una actividad industrial de elaboración de productos de panadería y pastelería. Aunque la empresa había defendido que el espacio funcionaba como almacén o dependencia auxiliar de la tienda abierta al público, las inspecciones realizadas por los servicios municipales llevaron a una conclusión distinta.
Los técnicos describen la presencia de equipamiento propio de un obrador, entre ellos mesas de trabajo, carros para bandejas, amasadoras, batidoras, laminadoras y hornos destinados a la producción de productos de repostería y panadería. A juicio del Ayuntamiento, la actividad desarrollada en el inmueble iba más allá de las funciones propias de almacenamiento o apoyo logístico.
Incompatibilidad
El expediente también sostiene que este uso no resulta compatible con las determinaciones urbanísticas vigentes en el entorno protegido de Vegueta-Triana. Los informes municipales consideran que la actividad industrial detectada no puede implantarse en esa ubicación y que tampoco dispone del título habilitante exigido para su funcionamiento.
La resolución concede a la empresa un plazo de dos días para paralizar voluntariamente la actividad afectada. Si no se produce el cese dentro de ese periodo, el Ayuntamiento prevé la intervención de la Policía Local para ejecutar el precinto de las instalaciones.
La documentación municipal incorpora además referencias a distintas inspecciones realizadas durante la tramitación del expediente. Entre los elementos analizados figuran instalaciones eléctricas, sistemas vinculados al suministro de gas y medidas de protección contra incendios, aspectos que también fueron objeto de revisión por parte de los servicios técnicos.
Panadería Miguel Díaz
El caso de Parrilla no constituye un episodio aislado. En los últimos años varios establecimientos históricos del casco antiguo de la ciudad se han visto inmersos en procedimientos relacionados con licencias, actividades y compatibilidad urbanística. Entre ellos figura la Panadería Miguel Díaz, cuya situación también acabó derivando en el cierre de la actividad tras una larga controversia administrativa y judicial por la denuncia de una comunidad de vecinos cercana.
La resolución dictada ahora por el Ayuntamiento representa el último capítulo de un conflicto que se ha prolongado durante años y que tiene su origen, precisamente, en una reclamación vecinal que terminó destapando la situación administrativa del obrador. Más de un lustro después del inicio de las denuncias, el expediente entra en su fase definitiva con una orden de paralización sobre la que ya no caben recursos en vía administrativa.