A las cinco de la tarde de este viernes, en el número 18 de la calle Viera y Clavijo, frente al Teatro Cuyás, el tiempo pareció detenerse unos minutos.
Dentro de la panadería Miguel Díaz, el horno seguía encendido y en el mostrador todavía esperaban algunos clientes. El olor a pan y dulces, el mismo que llevaba más de un siglo impregnando aquella esquina del barrio de Triana, flotaba en el aire cuando un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria entró en el local con una orden en la mano.
No hubo discusiones largas ni discursos solemnes. Solo una instrucción seca: terminar de atender a las personas que estaban esperando y cerrar.
Minutos después, el agente colocó el precinto. Afuera, sobre la puerta de madera, quedó pegado un cartel improvisado que decía: “Cerrado temporalmente”.
Con ese gesto se apagaban 106 años de historia.
Premio de Lotería
La historia de esta panadería comienza mucho antes de que existieran los actuales escaparates de Triana. En 1920, Juan Díaz Sosa, un arriero procedente de La Aldea de San Nicolás, ganó junto a su primo 100.000 pesetas en la lotería. Aquella fortuna inesperada se convirtió en harina, en horno y en un pequeño negocio familiar en la capital grancanaria.
El edificio ya estaba allí desde 1894, pero fue adaptado para albergar el obrador. Lo que empezó como una apuesta de vida acabaría convirtiéndose en uno de los negocios más antiguos del centro de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante décadas, la panadería no fue solo un lugar donde comprar pan. Fue también un pequeño punto de encuentro social en el corazón de la ciudad.
Los domingos, cuando había peleas de gallos en el Cuyás, los galleros llegaban con sus cestas. Dejaban los animales en el almacén del negocio, entre sacos de harina, mientras iban al recinto. Allí, en ese mismo almacén, Juan Díaz guardaba una botella de ron que había llegado desde La Aldea a la cochera de guaguas de AICASA, en Bravo Murillo.
Con ella convidaba a los amigos y a quienes traían gallos.
Punto de encuentro
Ese gesto sencillo convirtió el obrador en algo más que un negocio: un espacio de convivencia vecinal, de conversaciones largas y rutinas compartidas que hoy resultan casi irreconocibles en el casco histórico de la ciudad.
Ese valor cotidiano llevó incluso a que la panadería recibiera protección etnográfica por parte del Cabildo de Gran Canaria, precisamente por representar una forma de vida y de relación urbana que ha ido desapareciendo con el paso del tiempo.
El testigo lo tomó Miguel Díaz, nieto del fundador. Su historia con el negocio empezó siendo apenas un niño.
Tenía ocho años cuando empezó a trabajar allí. Salía de la academia comercial y se sentaba junto a su hermana, que tenía diez. Entre los dos empaquetaban bizcochos en papel. Por cada paquete que preparaban, recibían una peseta. Así empezó en el oficio.
Denuncia vecinal
Más de un siglo después de aquella lotería que lo cambió todo, la panadería seguía abierta. Hasta que comenzó un proceso administrativo que acabaría desembocando en su cierre.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dictó el pasado 15 de octubre una resolución que ordenaba el cese inmediato de la actividad del establecimiento. El expediente municipal concluyó que el negocio no contaba con licencia municipal de apertura ni con la declaración responsable exigida para su funcionamiento, pese a llevar abierto desde 1920.
La orden concedía dos días para proceder al cierre voluntario, advirtiendo de la posibilidad de clausura y precinto en caso de incumplimiento.
El origen del expediente fue una denuncia presentada por la comunidad de propietarios del edificio Kühner, que alertó de molestias causadas por cenizas y hollín procedentes de la chimenea del obrador.
Sin licencia de apertura
Durante la inspección municipal se verificó que no existía registro alguno de licencia de apertura. El informe jurídico fue contundente: aunque la denuncia inicial se refería a molestias vecinales, se constataba una infracción más grave, la inexistencia de título habilitante para la actividad.
La propietaria del negocio presentó alegaciones y aportó un recibo de pago al Ayuntamiento del año 1990, pero la administración concluyó que ese documento no acreditaba en modo alguno la existencia de licencia. Según el consistorio, el pago de tributos o la tolerancia municipal durante décadas no implica la concesión tácita de autorización administrativa, por lo que la actividad debía considerarse clandestina.
El expediente continuó su curso.
Proceso administrativo
En noviembre, el Ayuntamiento rechazó el recurso presentado por los propietarios para suspender el cierre. A finales de diciembre, una inspección de la Policía Local constató que el horno seguía funcionando con normalidad.
El proceso terminó de endurecerse el 24 de febrero, cuando el gobierno municipal dictó una nueva resolución que ordenaba el precinto forzoso del local.
El 4 de marzo, el primer teniente de alcalde, Pedro Quevedo, firmó un decreto autorizando la defensa judicial del Ayuntamiento frente a los recursos presentados por los dueños. El futuro de la panadería quedaba así en manos de los tribunales. Cinco meses después de la primera resolución, la orden se ejecutó.
Puertas cerradas
Este viernes, poco después de las cinco de la tarde, el agente colocó el precinto y la puerta se cerró.
Afuera, en la fachada, sigue colgado el cartel de “Cerrado temporalmente”.
Quizá sea una palabra administrativa. O quizá sea simplemente una forma de decir que un siglo de historia se ha detenido de golpe en una esquina de Triana, donde durante generaciones la vida de un barrio pasó, cada mañana, por el mismo horno.