El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la orden definitiva a la Policía Local para clausurar y precintar la emblemática panadería Miguel Díaz, un negocio que llevaba encendiendo sus hornos desde el año 1920 en la calle Viera y Clavijo. El motivo principal del cierre no está ligado a normativas actuales de sanidad o calidad, sino a la carencia absoluta de licencia de apertura o declaración responsable para ejercer su actividad comercial.
El proceso que ha llevado a esta drástica decisión municipal comenzó con una reclamación interpuesta por los residentes del edificio Kühner. Estos vecinos acudieron a las autoridades para denunciar las continuas molestias que el humo, las cenizas y el hollín del horno generaban en sus viviendas particulares.
Al investigar esta queja, los técnicos del área de Urbanismo realizaron un hallazgo sorprendente: el negocio no contaba con los permisos necesarios para operar legalmente. El Consistorio, no obstante, no ha ofrecido explicaciones de cómo una industria de este tipo pudo funcionar durante 105 años sin que la administración detectara la falta de documentación pertinente.
Pulso en los tribunales
La disputa administrativa y legal entre la propiedad de la panadería y el Ayuntamiento se ha ido intensificando paulatinamente. En octubre de 2025, el Ayuntamiento exigió la paralización inmediata de la producción de pan, advirtiendo del precinto de las instalaciones si se ignoraba la orden. Poco después, en el mes de noviembre, el Consistorio rechazó el recurso de los dueños para suspender el cierre, argumentando de forma tajante que el simple paso del tiempo no otorga legalidad a una actividad que carece de los permisos básicos. La tensión aumentó a finales de diciembre, cuando una inspección de la Policía Local certificó que el horno seguía operando con total normalidad a pesar de las advertencias previas.
Ante la negativa de los propietarios a detener la actividad y a la espera de un pronunciamiento judicial sobre posibles medidas cautelares, el gobierno municipal emitió el pasado 24 de febrero una nueva resolución que insta al precinto forzoso del local. Para culminar el proceso, el primer teniente de alcalde, Pedro Quevedo, firmó un decreto el pasado 4 de marzo para autorizar la defensa judicial del Ayuntamiento frente a los recursos interpuestos por los dueños, dejando el futuro del centenario negocio en manos de los tribunales.
Adiós a un local histórico
Esta inminente clausura supone un duro golpe para el patrimonio histórico y etnográfico de la capital grancanaria. Según consta en los registros de la Fedac, los orígenes del establecimiento se remontan a hace más de un siglo, cuando Juan Díaz Sosa invirtió un premio de lotería de cien mil pesetas para abrir este despacho en un edificio que data de 1894. Durante décadas, la panadería trascendió su función de abastecimiento en el barrio de Triana para convertirse en un popular punto de reunión, frecuentado históricamente por los aficionados a las peleas de gallos que acudían al cercano teatro Cuyás.