La panadería Miguel Díaz, abierta desde el año 1920, aún tiene a sus espaldas el fantasma del cierre que ha decretado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Han pasado dos días desde que el Consistorio emitió la resolución por no tener licencia de apertura y ahora mismo parece que el negocio solo tiene una salida: ir por la vía judicial.
Fuentes municipales han explicado a Atlántico Hoy que como el caso parte de una denuncia vecinal y existe un informe redactado por los técnicos, no se pueden negar a hacer cumplir la ley porque de lo contrario podrían incurrir en un posible delito de prevaricación. “Por desgracia, desarrollan una actividad industrial donde no puede haberla”, dicen.
Pastelería Parrilla
La única alternativa que podría permitir a los dueños del local seguir abriendo con normalidad es pedir una cautelar para que —en caso de ser aceptada— el caso se resuelva en los tribunales. Es una situación muy parecida a la que vivió hace algunos años la Pastelería Parrilla, situada en la calle General Bravo —muy cerca de la panadería—.
Allá por el 2021, recibió la denuncia de un vecino porque le molestaba la actividad del obrador —lo mismo que le pasó a Miguel Díaz— y llegó a cerrar por orden del Ayuntamiento de la capital. Su respuesta fue solicitar la cautelar en el juzgado contra la resolución municipal y pudo alargar la actividad de su negocio.
La clientela
Volviendo a Miguel Díaz, que aún tiene margen de maniobra para evitar bajar su persiana, se vio arropado este viernes por gran parte de su clientela. Hasta allí se desplazó un gran número de personas que quisieron ir a comprar y transmitirles su apoyo.
“Me daría mucha pena que cerrara, soy del barrio y aquí quedan muy pocas panaderías tradicionales”, señaló Beatriz a este periódico mientras esperaba en la cola. “Sería una gran tristeza, soy de otro barrio y he venido a modo de despedida, pero espero que solo sea un hasta luego”, comentó por su parte María, otra clienta, visiblemente emocionada.
"Un comercio diferente"
Enrique, que compra allí con frecuencia, no dudó en comentar que se trata de “un comercio distintivo y diferente”. “Vivo cerca del Hospital Doctor Negrín, pero soy cliente habitual y vengo a comprar el pan aquí, imagínate si creo que el producto tiene calidad y es bueno”, añadió. En definitiva, el sentimiento mayoritario era el de no querer perder el local.
La resolución emitida por el Consistorio este miércoles determinaba que no contaba con licencia municipal de apertura ni con la declaración responsable exigida para su funcionamiento. Además, le daba un plazo de dos días para proceder al cierre voluntario con advertencia de clausura y precinto en caso de incumplimiento.
"La legalidad no tiene atajos"
Pero la cosa no queda ahí: ir a la justicia sigue siendo su única alternativa porque recurrir la propia resolución municipal no los eximiría de la obligación de echar el cierre. La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, aseguró este viernes en declaraciones a los medios que entiende “la parte sentimental” y que pedirles cerrar "no ha sido una decisión agradable”.
“Soy una de tantas ciudadanas que hemos ido a comprar allí. Pero la legalidad no tiene atajos, hay que cumplirla. Ha sido una denuncia de una comunidad de propietarios por distintas molestias en relación a humos y hollines. El servicio municipal actúa y lo primero que se hace es pedir la documentación”, contó.
Periodo de alegaciones
“Al hacerlo, se constata que carece de la licencia necesaria para llevar a cabo actividades clasificadas. Porque no solo es el despacho de pan, sino la parte trasera que necesita preceptivamente esa documentación. Se le ha dado la posibilidad de alegaciones, hasta ahora no ha sido posible”, prosiguió.
La regidora espera que tras el preceptivo cierre pueda procederse a la subsanación y en su caso poder legalizar aquello que se pueda. “Es verdad que choca ver que en todos estos años no ha tenido la licencia correspondiente”, admitió la primera edil.
La denuncia vecinal
Una de las últimas novedades que se han conocido es que según fuentes municipales, la única vía que permitiría mantener viva la marca pasa por preservar el punto de venta actual y trasladar el obrador a otra ubicación que cumpla las condiciones técnicas y urbanísticas exigidas por la legislación. Es decir, sacar el horno y pasarlo a otra ubicación de la ciudad o de la Isla.
La orden municipal se originó tras una denuncia presentada por la Comunidad de Propietarios del Edificio Kühner, que alertó de las molestias provocadas por las cenizas y el hollín procedentes de la chimenea del obrador. A raíz de esa queja, los técnicos municipales realizaron una inspección que permitió detectar una infracción de mayor alcance: la ausencia total de licencia o autorización administrativa desde el inicio de la actividad, hace más de un siglo.
La oposición
Ignacio Guerra, concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, aseguró este viernes en declaraciones a Canarias Radio que "Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad dinámica y estas cuestiones hay que corregirlas, todos los establecimientos deberían tener su licencia en vigor y tendría que haber un control exhaustivo por parte de la administración".
"Nosotros desde el PP hemos pedido que se haga un catálogo de los comercios, especialmente de los singulares y tradicionales. Y que a partir de ahí trabaje todo el Ayuntamiento junto a los empresarios y los vecinos. Debe haber un seguimiento y un apoyo a este tipo de comercios", sentenció.