La Panadería Miguel Díaz, situada en el número 18 de la calle Viera y Clavijo, en Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con grado de protección integral otorgado por el Cabildo de Gran Canaria por su valor etnográfico. Aunque esta catalogación no es reciente, había pasado inadvertida hasta ahora, pese a que limita cualquier modificación estructural o de uso sobre el inmueble, y entra en contradicción con las normas municipales que prohíben la actividad industrial en zonas residenciales del centro urbano.
El establecimiento, ubicado frente al Teatro Cuyás, está inscrito en el Inventario del Patrimonio Etnográfico de la FEDAC (Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria), organismo dependiente del Cabildo. La ficha patrimonial lo define como “Despacho de pan de la Panadería Miguel Díaz” y le asigna el nivel 5 de protección, el más alto en la escala insular, con grado de protección integral.
Registro de la FEDAC
Este nivel de protección garantiza la conservación tanto de la fachada como de los espacios interiores vinculados al uso tradicional del inmueble, y obliga a solicitar autorización previa al Cabildo para cualquier intervención. En la práctica, esto significa que se protege el continente y el contenido: obras de mejora, ampliaciones o cambios de instalación requieren un trámite patrimonial específico, lo que a menudo choca con el planeamiento urbano municipal.
El local, de casi 300 metros cuadrados —24 de uso comercial y 263 de uso industrial; de ahí que una de las soluciones pase por mantener el punto de venta y trasladar el obrador a una zona industrial—, conserva la tipología clásica de los despachos de pan antiguos: un mostrador de atención al público, estanterías y un acceso al antiguo obrador. Aunque fue reformado parcialmente para crear un espacio más amplio, se mantienen intactos los almacenes y las oficinas originales, tal y como detalla el registro de la FEDAC.
Premio de lotería
La historia de la panadería es tan singular como su protección. Su fundador, Juan Díaz Sosa, era un arriero procedente de La Aldea de San Nicolás. En 1920, tras ganar junto a su primo 100.000 pesetas en la lotería, decidió invertir el dinero en montar una panadería en la capital grancanaria. El inmueble ya existía desde 1894, pero fue adaptado para albergar el negocio familiar que hoy sigue activo más de un siglo después.
Durante décadas, la Panadería Miguel Díaz fue lugar de encuentro de los galleros, aficionados a las peleas de gallos que acudían al Cuyás. Los hombres llegaban con sus cestas y dejaban los animales en el almacén de la panadería, donde entre sacos de harina el propio Juan Díaz guardaba una botella de ron enviada desde La Aldea a la cochera de guaguas AICASA, en Bravo Murillo. Con ella convidaba a los amigos y a los que traían gallos, en un gesto que convirtió el pequeño obrador en un espacio social y vecinal muy apreciado.
Convivencia urbana
Esa mezcla de oficio y vida cotidiana es la que ha motivado su protección etnográfica. La panadería representa no solo una actividad económica tradicional, sino una forma de convivencia urbana desaparecida en buena parte del casco histórico.
El testigo lo mantuvo Miguel Díaz, nieto del fundador, que comenzó en el oficio siendo apenas un niño. Según recoge la ficha patrimonial, empezó a trabajar con ocho años, empaquetando bizcochos en papel junto a su hermana de diez tras salir de la academia comercial. Por cada paquete que preparaban, recibían una peseta. “Así empezó en el oficio”, reza el documento que lo vincula directamente con la historia de su abuelo.
Debate de fondo
Hoy, la Panadería Miguel Díaz sigue activa, con estado de conservación regular y fragilidad baja —según la ficha de la FEDAC—, pero con un enorme valor simbólico para el centro histórico de la capital. Su protección integral intenta proteger la huella del comercio tradicional perviva en una calle que ha visto desaparecer decenas de locales antiguos.
Más allá del expediente técnico, el caso de la Panadería Miguel Díaz plantea un debate de fondo: cómo conjugar la preservación del patrimonio etnográfico con la normativa municipal que custodia —y debe ejecutar— el Ayuntamiento. Entre ambas fuerzas —la conservación y la transformación—, el pequeño local de Viera y Clavijo sigue resistiendo estos días, como un testigo del tiempo y de la memoria colectiva de Las Palmas de Gran Canaria.