La Federación Ben Magec–Ecologistas en Acción ha alertado del peligro y la posible ilegalidad de la prórroga de la concesión demanial otorgada a Minerva Combustibles Las Palmas, S.A. en el Puerto de Las Palmas, una decisión que, a su juicio, supone un riesgo tanto para los vecinos de la capital como para el medio ambiente.
Según explica la organización ecologista, el pasado 4 de diciembre se presentó un escrito ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas solicitando información sobre la prórroga concesional de quince años concedida a esta empresa petrolífera, que explota las instalaciones desde 1939, es decir, desde hace 86 años.
Ben Magec cuestiona si para autorizar esta ampliación se exigió algún procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un Informe Ambiental Estratégico o un informe de riesgos, tal y como exige la legislación vigente, inexistente en el momento en que se otorgó la concesión original
"Riesgo para miles de vecinos"
Los ecologistas advierten de que mantener hasta 2043 las instalaciones de depósitos de combustibles, colindantes con edificios de viviendas, pone en riesgo a miles de vecinos de La Isleta durante casi dos décadas más. Subrayan que se trata de una concesión heredada de una orden ministerial de 1939, que perpetúa en pleno siglo XXI una actividad industrial de alto riesgo a escasos metros de viviendas, centros educativos y espacios públicos
Ben Magec recuerda que el Plan Especial del Puerto y los primeros planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria califican esta zona como de uso terciario, precisamente por la incompatibilidad entre la seguridad del barrio y la proximidad de depósitos y tuberías de combustible.
Críticas a la Autoridad Portuaria
La organización ecologista considera que la prórroga no es un simple trámite administrativo, sino un acto discrecional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que, sostienen, sacrifica la salud y la tranquilidad del barrio en favor de intereses industriales que deberían haberse reubicado hace años.
Además, denuncian que la publicación en el BOE no cumple los requisitos legales mínimos y reclaman copia urgente del expediente y una ampliación de plazos para poder recurrir la resolución con pleno conocimiento de causa.