El cierre de la panadería Miguel Díaz, el histórico comercio que durante 106 años impregnó Viera y Clavijo con su olor a dulces recién hechos, fue un shock para quienes lo presenciaron. Aunque tanto sus dueños como los empleados esperaban con resignación que llegara el momento, jamás olvidarán la tarde que un agente de la Policía Local les precintó el negocio.

No son los únicos que han vivido una situación complicada en los últimos tiempos. El Café Madrid también se ha visto obligado a bajar su persiana y la Pastelería Parrilla ha atravesado una situación parecida: llegó a cerrar por orden del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2021, pero pidió la cautelar en los juzgados y pudo alargar su actividad.

"Inseguridad jurídica"

Parrilla y Miguel Díaz tienen algo en común: sus problemas comenzaron tras la denuncia de un vecino al que le molestaba el obrador. Marc Llobet, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, denuncia en declaraciones a Atlántico Hoy que la ciudad vive desde hace tiempo inseguridad jurídica en torno a las licencias concedidas por el Consistorio.

Expone que lo ocurrido con la Panadería Miguel Díaz “es un ejemplo más del caos administrativo que existe en Las Palmas de Gran Canaria”. “Nos lastra la actividad económica, nos preocupa, nos hace perder tiempo y recursos en cuestiones que no son hacer crecer el negocio para generar actividad”, lamenta el representante empresarial de la zona.

"10 años sin respuestas"

Llobet explica que el Ayuntamiento cuenta con un plazo de ocho meses para responder a cualquier persona que pida una licencia —por ejemplo— de restauración o comercial. En ese tiempo debe avisar al interesado sobre si está todo en orden o si debe corregir algún error de forma. “La realidad es que llevan más de una década sin contestar a estas cuestiones”, dice.

Pone sobre la mesa que la inseguridad jurídica reside ahí. En que la corporación municipal necesita más personal administrativo para resolver este tipo de peticiones porque, en ocasiones —como ha ocurrido con la panadería Miguel Díaz o Parrilla— se percataron del problema administrativo tras una denuncia vecinal y se vieron obligados a actuar.

El obrador

“No tienen la capacidad de contestar, analizan los expedientes cuando hay una denuncia”, insiste. Detalla que, en el caso de Miguel Díaz —que no pertenece a la Asociación de Empresarios de Triana—, todo parte de una norma urbanística que no permite el uso de obradores en zonas urbanas. Algunos los han trasladado a Las Torres o Miller Bajo.

“Si hablamos de Miguel Díaz, que tiene un único establecimiento, imagínate el coste que le supone trasladar su producción, económica y organizativamente”, indica. “Es muy triste que al final una cosa artesana y tradicional se acabe perdiendo, cualquiera le dice ahora al Ayuntamiento que le dé prioridad con todos los incendios que tiene por todas partes”, añade.

"Un impacto negativo"

Sobre la histórica panadería que cerró el pasado viernes, destaca que cuenta con un valor cultural relevante. “Perderla implica un impacto muy negativo en la zona” al ser, resalta, “un polo de atracción” por toda la clientela que arrastraba y que, mientras esperaba por su pedido, se daban una vuelta por los negocios que están ubicados en los alrededores.

“Yo entiendo las palabras de la alcaldesa sobre que tienen que cumplir con la legalidad, pero es que a veces las normativas, cuando bajan al terreno, se encuentran con este tipo de casos en los que hay que hacer excepciones”, desarrolla. El Ayuntamiento lo podía haber hecho, pero implicaba hacer una modificación en una norma municipal”, apostilla.

Aunque remarca que no es cuestión de buscar responsables, señala que se debe solucionar y valorar alternativas para automatizar los procedimientos. “¿Cómo puede ser que un ayuntamiento de casi 400.000 habitantes siga trabajando así en 2026 con toda la tecnología que existe?”, sentencia.