María del Rosario Berriel, ex vicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha presentado hasta 34 documentos en el juzgado de instrucción, con la finalidad de contrarrestar la acusación de la Fiscalía, demostrar su inocencia y forzar el archivo de las actuaciones.
Los argumentos de todos esos documentos, incluidos un recurso de indefensión, han sido desestimados por el magistrado instructor, que acuerda seguir adelante con el procedimiento a petición de la Fiscalía de Las Palmas.
Indefensión
El misterio público solicita un año de cárcel y multa de 8.100 euros por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Considera que Berriel, durante 2015 y tras cerrar la ULPGC un acuerdo con el Instituto Confucio en 2010, se aprovechó de su posición académica para alquilarle pisos suyos y de sus familiares a los profesores de chino que venían a Canarias a enseñar el idioma.
La denuncia inicial apuntaba a una posible malversación de caudales públicos, pero el fiscal ha cambiado de criterio para formular acusación por negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, descartando el juez instructor la indefensión planteada por la defensa, que, en cualquier caso, deberá de abordarse en el juicio por jurado popular.
Precio de mercado
Entre los argumentos empleados para solicitar el archivo de las actuaciones, además de documentación administrativa para acreditar la legalidad de la contratación, la defensa sostiene que no ha existido ningún tipo de enriquecimiento, incluso que los pisos fueron alquilados por debajo del precio de mercado.
Sin embargo, al contrario que el delito de malversación, la negociación prohibida a funcionarios no implica un beneficio patrimonial, sino obrar como agente público y contra parte privada, comprometiendo así la presunción de objetividad que ha de regir toda actuación pública.
Jurisprudencia
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), en ese sentido, señala que la transparencia en el ejercicio de la función pública resulta afectada cuando se genera una sospecha evidente sobre la objetividad al tomarse una decisión en una causa propia.
Esa sospecha, a juicio del fiscal, marca la distancia con la malversación y, unida la "probidad" exigible a los funcionarios públicos, obliga a sentar en el banquillo a Berriel, independientemente de que ganase más o menos con los arrendamientos, o de que no participase de manera directa en la formalización de los contratos.
Auditoría interna
Fue el propio Consejo Social de la ULPGC, tras una auditoría interna, quien denunció a Fiscalía las irregularidades en los procesos de contratación con el Instituto Confucio.
Lo mismo ocurrió con otra denuncia vinculada a una subvención de 18.000 euros, que fue concedida a un profesor para un proyecto de gestión de aguas, con una factura cobrada por una empresa de Berriel y su marido. En este caso, sin embargo, el juez archivó las actuaciones al no apreciar prevaricación ni malversación.