La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias pre procesales tras la denuncia presentada sobre las graves irregularidades medioambientales en el Barranco del Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. El procedimiento se dirige a esclarecer posibles delitos contra el medio ambiente que afectarían tanto al ecosistema del cauce como a la seguridad de los barrios cercanos.
El escrito, firmado por Juan Manuel Rodríguez Hernández, señala al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo de Gran Canaria y como responsables de una presunta omisión de vigilancia ambiental que habría facilitado vertidos masivos de residuos peligrosos en la zona.
Vertidos ilegales
Según la denuncia, en las inmediaciones del puente de la GC-110 se han acumulado escombros con amianto, pavimentos de caucho, colchones, neveras, sofás, muebles y aguas residuales que obstruyen el cauce. Esta situación podría comprometer el sistema de desagüe de las bóvedas y suponer un riesgo real para los barrios de San Nicolás, San Roque y Arenales en caso de lluvias intensas.
Uno de los elementos más graves es la construcción de una rampa de hormigón ilegal que facilita la entrada de vehículos para el depósito de residuos y bloquea parcialmente la bóveda subterránea del barranco, diseñada para canalizar hasta 520 metros cúbicos de agua.
Ecosistema dañado
El Barranco del Guiniguada alberga más de 80 especies endémicas y protegidas, entre ellas el lagarto gigante de Gran Canaria y aves como el búho chico, el cernícalo o la abubilla. La denuncia asegura que la acumulación de residuos ha provocado un deterioro irreversible del hábitat, alterando el equilibrio natural del enclave.
Posible responsabilidad penal
La Fiscalía investigará los hechos bajo la cobertura de los artículos 325, 326, 332 y 334 del Código Penal, que recogen sanciones por vertidos incontrolados, daños a hábitats protegidos y falta de medidas de control ambiental. El denunciante solicita que se depuren responsabilidades penales y se inicie de inmediato un expediente sancionador contra las administraciones y empresas implicadas.
La apertura de diligencias marca un primer paso judicial en un caso que enfrenta a vecinos y colectivos ecologistas con las instituciones locales, en un barranco considerado símbolo natural e histórico de la capital grancanaria.