Tras presentar un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que fue desestimado, la UTE Portela International Arts & Architects, uno de los seis equipos que pasaron a la segunda fase del concurso Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentó el pasado martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por presuntos delitos en la celebración del concurso y emisión del fallo del jurado, que dio la victoria al proyecto AWA, del equipo Batlle i Roig Arquitectura (Enric Batlle y Joan Roig), con la colaboración del equipo MPC (Flora Pescador, Vicente Mirallave y Jin Taira). Portela denuncia a estas personas, así como a la alcaldesa y presidenta del jurado, Carolina Darias; al concejal de Urbanismo, Mauricio Roque; a los miembros del jurado Miriam García, Jordi Mansilla y Ricardo Devesa; a Marina Cervera Alonso de Medina, directora de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, que renunció a su puesto en el jurado poco antes de que este se reuniese, y a la arquitecta Marina Romero, responsable de la conformación del mismo. Sergio Portela Campos (Madrid, 1970), arquitecto e integrante del equipo, habla sobre todo ello en esta entrevista.
[Pregunta] El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha denegado su petición de suspensión cautelar y anulación del concurso municipal Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias. ¿Cómo valora esta resolución y las declaraciones al respecto de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias?
[Respuesta] El Tribunal no nos ha dado la razón, pero tampoco nos la ha quitado. Lo mismo le ocurre al Ayuntamiento, aunque se dedique a proclamar que el Tribunal Administrativo le ha respaldado. El Tribunal dice que lo hace “a los solos efectos de tutela cautelar”. Por tanto, lo que ha decidido, sencillamente, es no entrar en el fondo del asunto. Por lo demás, este es un tribunal administrativo en materia de revisión de procedimientos de contratación. No es un tribunal de justicia.
¿Por qué han decidido presentar ahora una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas?
Podíamos haber ido por la vía de lo contencioso-administrativo, pero tantos indicios de corrupción y vulneración de un procedimiento de concurso por méritos y premios con jurado experto nos inducen a pensar que este es un asunto que sobrepasa al propio concurso. Nos hemos topado, esa es nuestra percepción, con una organización queperjudica no sólo al concurso, sino también a las profesiones implicadas: paisajistas, arquitectos, urbanistas, ingenieros... En mi opinión los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería de caminos, especialmente los locales, deberían actuar de inmediato, pues esto nos afecta a todos.
Denuncian también que el consistorio se niega a permitirles la consulta de las actas del fallo del jurado.
Nos la niega con el argumento de que “son confidenciales”. ¿Pero cómo van a ser confidenciales las actas para la parte afectada? El punto 1. a) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es meridianamente claro en esto. Dice exactamente que “los interesados en un procedimiento administrativo” tienen derecho “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados” y añade que “asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”. El Ayuntamiento no puede pretender estar por encima de la ley con una mera alusión a las bases, que son una norma de rango inferior.
¿A quiénes denuncian?
A la alcaldesa, doña Carolina Darias San Sebastián; al concejal de Urbanismo, don Mauricio Roque González; a los miembros del estudio MPC-Arquitectos, doña Flora Pescador Monagas, don Vicente Mirallave Izquierdo y don Jin Javier Taira Alonso; a don Enric Batlle Durany y don Joan Roig i Durán, del estudio Batlleiroig Arquitectura; a los miembros del jurado doña Miriam García García, don Jordi Mansilla Ortoneda y don Ricardo Devesa Devesa; a doña Marina Cervera Alonso de Medina; a doña Elsa Guerra Jiménez y a doña Marina Romero Darias.
¿Qué posibles delitos señalan en la denuncia?
Prevaricación administrativa, fraude de contratación pública, tráfico de influencias, revelación de secretos o utilización de información privilegiada y malversación de caudales públicos.
Dado que no tienen posibilidad alguna de ganar el concurso, ¿qué les mueve a emprender estas acciones?
La exigencia de respeto a la dignidad de todos los equipos de trabajo y, como he dicho,la defensa de la profesión ante un atropello. Además, tengo en Canarias familia y muy buenos amigos que se sienten abochornados por todo esto y que me animan a perseverar.
Al presentarse al concurso aceptaron las bases, sin embargo, usted se ha mostrado crítico con la consulta popular contemplada en las mismas. ¿Qué critica de esta parte del certamen?
La verdad es que leyendo las bases es para no presentarse. Basta con detenerse en el párrafo del punto 21 del Anexo I: “El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva el derecho de no iniciar, por causas justificadas, el citado procedimiento de contratación, no teniendo el /la concursante ganador/a derecho a indemnización alguna. En el supuesto de que el finalista no llegue a acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá iniciarse el procedimiento negociado con el siguiente finalista en el orden de la lista establecida por el jurado, corriendo así el orden, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en las presentes bases”. Pero nuestro ánimo y espíritu de poder actuar en una ciudad tan querida hace que pienses más en otras cosas que de verdad importan y dejas de lado estos pormenores, que luego resultan muy importantes.
También ha criticado que se anunciase el fallo de la consulta popular antes de que se conociese el del jurado profesional y que la alcaldesa, y presidenta del jurado,dijese que votaría por el anteproyecto que resultase ganador en la misma.
El punto 18 del anexo I de las bases, “Valoración de los anteproyectos finalistas por el jurado”, dice lo siguiente: “Simultáneamente a la valoración que esté realizando la ciudadanía el jurado deberá quedar constituido y procederá a la emisión de su fallo, disponiendo de idéntico plazo”. El pasado 20 de mayo la web oficial del Ayuntamiento anunció el resultado de la consulta popular. Esta misma web anunció la reunión del jurado el día de 25 de ese mes, cinco días más tarde, de modo que no hubo simultaneidad. Además, como la señora alcaldesa, doña Carolina Darias San Sebastián, anunció que votaría por el proyecto que resultase ganador en la consulta popular, el sentido en el que iría su voto fue de dominio público antes de que ella misma convocase al jurado que presidiría, lo que constituye un incumplimiento del punto 12.2 del anexo I de las bases, “Funciones del jurado", que indica expresamente que una de sus funciones es, justamente, “el análisis de las propuestas presentadas y la evaluación de las mismas”. La alcaldesa no decidió su voto después, si no antes del análisis y la evaluación por parte del jurado de las propuestas presentadas, con lo cual, además de vulnerar las bases del concurso convocado por el Ayuntamiento que preside, despreció el criterio de la parte técnica del jurado. En vez de escuchar primero los análisis y evaluaciones de un jurado que no se ha cansado de publicitar como de prestigio internacional, ya tenía decidido con antelación votar por el mismo proyecto que votaron 691 ciudadanos anónimos, sobre una población de casi 400.000 que tiene el municipio, los cuales, obviamente, no tuvieron que acreditar cualificación profesional alguna en las complejas materias objeto del concurso, como tampoco las ha acreditado la alcaldesa y presidenta del jurado.
Afirma también que el hecho de que la alcaldesa anunciase el sentido de su voto antes de la reunión del jurado supuso un intento de presión sobre el mismo.
El anuncio de la alcaldesa y presidenta del jurado constituye, ineludiblemente, un intento de presión a los demás miembros del jurado, que debió denunciar el jurado mismo, tal y como también establecen las bases en el citado punto sobre sus funciones. Se me hace difícil imaginar que doña Carmen Nieves Martín Pérez, directora general de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fue miembro del jurado por la parte institucional, se atreviese a votar algo distinto a lo que públicamente había anunciado que votaría su superior jerárquica, la señora alcaldesa.
Ahí no se acaban sus críticas a la forma en que se realizó la consulta popular.
Por unos mínimos éticos, nadie que se presenta a un concurso debe tener la posibilidad de votar por su propio proyecto. Sin embargo, los miembros de los equipos y sus colaboradores empadronados en Las Palmas de Gran Canaria tuvieron la posibilidad de votar en la consulta popular, posibilidad que no tuvo ningún participante o colaborador no empadronado, lo que, de partida, dejó en situación de desventaja a quienes no estamos empadronados en esta ciudad, con los agravantes, además, de que la alcaldesa anunció que votaría por el proyecto que ganase en la consulta popular y de la presión que este anuncio comportaba sobre el jurado. Me he presentado a muchos concursos y no he visto nada igual en mi vida. También hay otra cuestión importante: el punto sobre las funciones del jurado incluye igualmente entre ellas “la propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se recogerá en acta y que podrá deberse a las siguientes causas: (…) Cuando la propuesta sea técnicamente inviable atendiendo a la normativa en vigor. (…) La existencia de inexactitudes y contradicciones flagrantes en el contenido de la propuesta”. La propuesta ganadora es técnicamente inviable atendiendo a la normativa en vigor porque plantea un museo en un aliviadero del barranco y el soterramiento de la GC-1, una infraestructura, además, de la que no es titular el Ayuntamiento sino el Gobierno de Canarias.
Meses atrás la alcaldesa dijo en una entrevista en la Cadena Ser que para preparar el concurso habían contado con “una colaboración externa y también de una gran arquitecta conocida por todos, de la casa, de aquí, quiero decir canaria”. Carolina Darias evitó entonces mencionar el nombre de esta “gran arquitecta conocida por todos”, pero recientemente ha dicho, también en la Cadena Ser, que se refería aMarina Romero. Usted ha expresado dudas de que se trate de esta persona. ¿Por qué?
Doña Marina Romero Darias ha sido la contratación externa, así consta por contrato con el Ayuntamiento. Y la “gran arquitecta conocida por todos” no puede ser ella, porque he preguntado a muchos arquitectos de Las Palmas y casi ninguno la conoce. Nosotros tampoco la conocíamos. Y cuando la alcaldesa dice “colaboración externa y también¨, lo dice, obviamente porque hay otra persona, no puede ser la misma. La alcaldesa tuvo un lapsus, se delató y ahora ya no puede arreglarlo, aunque lo intente.
¿Qué indicios tienen sobre el papel que, según ustedes, habría jugado Flora Pescador en todo esto? ¿Y cuáles sobre el de Enric Batlle y Joan Roig?
Después de haber leído sus libros, creo que doña Flora Pescador Monagas podía haber sido una perfecta miembro del jurado. No sé por qué, a no ser por vanidad o quien sabe qué, se metió a participar en este concurso cuando, como han reflejado los medios de comunicación, en lo que va de mandato ha aparecido junto a la señora alcaldesa en múltiples actos públicos. ¿Sorprende la sospecha de amaño? Lo cierto es que doña Flora Pescador Monagas permaneció oculta hasta el anuncio del ganador. En cuanto a los señores don Enric Batlle Durany y don Joan Roig i Durán, que por cierto son muy buenos arquitectos, no entiendo su necesidad de esto.
¿Y qué indicios tiene de conductas presuntamente delictivas por parte de los miembros del jurado a los que denuncia?
La alcaldesa dice que abrir el barranco Guiniguada es técnicamente inviable, pero eso no es cierto. Es viable. Muy costoso, pero viable. Lo que es absolutamente inviable y debió de ser objeto de descalificación es el pabellón que proponen los autores del proyecto AWA y que denominan Centro para la Divulgación del Arte y la Cultura Canaria de Guiniguada. Lo explican así: “Este pabellón podría ser la puerta de entrada a una posible museificación de las bóvedas del barranco. Mediante la apertura de un acceso y la adecuación del interior se podría reciclar, reconvertir y resignificar la infraestructura mediante experiencias inmersivas para recuperar la memoria histórica y dar un valor añadido a la infraestructura”. Es del todo imposible que el jurado experto ignorase que la norma no permite un museo tal dentro del barranco, y más que ningún otro miembro del jurado, el ingeniero de caminos, don Flavio Tejada Gorraiz. Además, este proyecto, pese a que lo exigen las bases, no aborda la afección del trazado previsto de la Metroguagua.
A raíz de su denuncia, la alcaldesa ha dicho que “está siendo costumbre ir a Fiscalía”. ¿Acostumbran ustedes a ir a Fiscalía?
Es correcto, y moralmente obligado, ejercer el derecho democrático de acudir a la Fiscalía cuando se detectan indicios de delito. No es plato de buen gusto, créame, pero cuando las cuentas no salen son cuentos. Y éste tiene más de tragedia que de comedia, aunque, visto el esperpento, si no fuese por sus presuntas implicaciones legales y morales, propendería más a comedia. La trayectoria de nuestro estudio es larga, hemos perdido concursos y es la primera vez que hacemos algo así. Lo hacemos porque no podemos admitir que se rían de la gente que trabaja, que se implica y que se esfuerza en dar soluciones a la ciudad. Estamos al servicio de la sociedad como técnicos y artistas. Intentamos por todos los medios lograr que lo bello sea el esplendor de lo verdadero.