La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido archivar la denuncia presentada por el arquitecto Sergio Portela contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el concurso del Paseo Guiniguada, una de las actuaciones urbanísticas más relevantes del actual mandato.
El decreto, fechado en el marco de las diligencias preprocesales 147/2025, concluye que no existen indicios suficientes de delito penal, pero deja abierta una puerta clave: la posible impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Prevaricación, fraude...
La denuncia, formulada en septiembre de 2025 en nombre del estudio Portela Arts & Architects, apuntaba directamente a la alcaldesa Carolina Darias, al concejal de Urbanismo y a varios técnicos y miembros del jurado del concurso.
En ella se recogían presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias, revelación de secretos y malversación, en relación con la adjudicación del proyecto Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias.
Sin relevancia penal
Sin embargo, tras meses de investigación, toma de declaraciones y análisis exhaustivo del expediente administrativo remitido por el Consistorio, la Fiscalía concluye que los hechos denunciados no alcanzan relevancia penal.
El decreto es contundente al afirmar que los indicios aportados por el denunciante “no constituyen un indicio fundado y claro” de delito.
Colaboración con otros equipos
Uno de los elementos clave del archivo es la validación del proceso de adjudicación, especialmente en lo relativo al equipo ganador, el proyecto AWA del estudio Batlle i Roig.
La Fiscalía acredita que sí existía colaboración formal con otros equipos técnicos desde fases previas del concurso, desmontando una de las principales sospechas del denunciante sobre una supuesta ventaja irregular. También se descartan irregularidades en aspectos como la composición del jurado o la supuesta filtración de información privilegiada.
En este sentido, el Ministerio Público considera acreditado que la publicación del concurso se produjo horas antes de determinados actos públicos señalados como sospechosos, lo que invalida la hipótesis de trato de favor.
Actas del jurado
En cuanto a las actas del jurado, otro de los puntos más controvertidos, la Fiscalía respalda la posición municipal al subrayar su carácter confidencial conforme a las bases del concurso.
Además, tras examinar la documentación interna, concluye que las actas reflejan valoraciones técnicas detalladas sin evidencia de manipulación o alteración.
La consulta ciudadana tampoco sostiene la acusación penal, pese a las dudas planteadas por Portela sobre su fiabilidad. La Fiscalía la define como una votación “anónima y de escasa participación”, sin elementos que permitan sostener una acusación formal.
Vía administrativa
No obstante, el decreto introduce un matiz de enorme relevancia jurídica y política: sí reconoce la existencia de cuestiones que podrían tener encaje fuera del ámbito penal.
Entre ellas, menciona posibles irregularidades administrativas, relaciones entre miembros del jurado o discrepancias técnicas sobre el proyecto ganador.
Y ahí está la clave. La Fiscalía señala expresamente que estos aspectos “pueden ser planteados ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, es decir, abre la vía para que el proceso sea impugnado ante los tribunales por la vía administrativa.
Materia litigiosa
Este punto convierte el archivo en una resolución con doble lectura. Por un lado, desactiva la vía penal y exime de responsabilidad delictiva a los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento. Por otro, legitima parcialmente el fondo de la controversia al reconocer que puede haber materia litigiosa en el plano administrativo.
El decreto, además, no cierra completamente la puerta judicial. La Fiscalía recuerda al denunciante que puede reiterar su denuncia ante el juzgado de instrucción si lo considera oportuno, aunque sin aportar nuevos indicios la viabilidad de esa vía parece limitada.
El caso Guiniguada entra así en una nueva fase, más técnica que penal, en la que el foco se traslada a los tribunales contenciosos. Allí podría dirimirse si el proceso de adjudicación del mayor proyecto urbanístico de la capital grancanaria se ajustó plenamente a derecho o si, como sostiene Portela, estuvo marcado por irregularidades que ahora la Fiscalía descarta como delito pero no como posible infracción administrativa.