La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque la absolución de Miguel Ángel Ramírez en el caso Sinergias. Es el segundo informe contrario a los intereses del presidente de la UD Las Palmas que ha emitido el ministerio público tras las resoluciones exculpatorias de la Audiencia de Las Palmas.
El pasado mes de marzo, con el magistrado Pedro Herrera de ponente, la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas acordó el "sobreseimiento libre" del empresario durante la fase de instrucción, lo que equivale a una sentencia absolutoria, pero sin ir a juicio y practicar la prueba en la vista oral.
Criterios dispares
El tribunal tomó esa decisión en contra del criterio de la Fiscalía de Las Palmas, que sí veía motivos para sentar en el banquillo a Ramírez por un supuesto fraude a la Seguridad Social en la gestión de las compañías Novosegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
El ministerio público, de hecho, ya había formulado acusación contra el empresario. Reclamaba seis años de cárcel por eludir el pago de casi 800.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social, mediante la dinámica de imponer a sus trabajadores convenios laborales con salarios inferiores a los de su sector.
A pesar de la acusación formal de la Fiscalía, los magistrados Miguel Ángel Parramón, Pedro Herrera (ponente) y Francisco Liñán revocaron el auto de instrucción que daba por terminada la investigación y dejaba la causa lista para ir a juicio, ordenando, además, el sobreseimiento libre de las actuaciones, no el provisional. En eso se centra la Fiscalía del Supremo al interponer su recurso, que apoya a la de Las Palmas y pide que Ramírez se juzgado.
Respaldo total
La Fiscalía del alto tribunal ha tomado esa decisión por unanimidad, esto es, con el respaldo de todos los fiscales de sala, que en estos casos se reúnen para analizar si procede o no interponer los recursos anunciados en las instancias inferiores.
En líneas generales, el ministerio público entiende que la Audiencia de Las Palmas ha vulnerado la doctrina del Supremo respecto a los sobreseimientos libres, que sólo se pueden adoptar por motivos muy tasados: entre ellos que no exista hecho delictivo o que no haya indicios racionales de criminalidad, lo cual choca de plano con el escrito de acusación formulado y el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 para ir a juicio.
El otro recurso
La otra absolución que la Fiscalía del Supremo ve incorrecta es de abril de 2024, afecta a Seguridad Integral Canaria y también fue dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, con Miguel Ángel Parramón como ponente.
En este caso, el fiscal Felipe Briones considera que la sentencia es "ilógica" y "contraria a derecho", pues "supone un absurdo considerar que la actuación ilícita de Alba debe conducir irremediablemente a la exoneración de Ramírez". Salvador Alba, que sustituyó a Victoria Rosell en la investigación a Seguridad Integral Canaria, cumple condena por usar esa causa para perjudicar la carrera política de la jueza, que dejó el Juzgado de Instrucción número 8 y fue elegida diputada con Podemos.
Briones solicita al Supremo que se repita el juicio y que lo celebre un tribunal distinto para garantizar la imparcialidad de la hipotética nueva sentencia.
Causas pendientes
En ese pleito, la Fiscalía y el sindicato USO (Unión Sindical Obrera) acusaban a Ramírez de defraudar más de 36 millones de euros, motivo por el cual solicitaban 21 años de prisión y una multa de 105 millones. La absolución del empresario, además, contó con el voto particular de una magistrada que era partidaria de la condena.
A parte de los casos Sinergia y Seguridad Integral Canaria, que están pendientes de sentencia en el Supremo, el empresario tiene otras tres causas penales abiertas: una está recurrida en la Audiencia de Las Palmas y afecta a otro fraude fiscal; la segunda está relacionada con supuestas maniobras para eludir los embargos de Hacienda, entre ellas un traspaso de acciones de la UD, y la tercera la lleva la Fiscalía Europea porque afecta a fondos comunitarios vinculados a la compraventa de material sanitario en la pandemia.