La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el letrado de María del Rosario Berriel y la Fiscalía han abierto la vía de la negociación para llegar a un acuerdo que evite sentarse en el banquillo a la antigua vicerrectora de Relacionales Internacionales e Institucionales.

El ministerio público acusa a Berriel de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de sus funciones, delito por el que reclama un año de prisión, multa de 8.100 euros y cuatro años de inhabilitación.

Dilaciones

La docente, sin embargo, está jubilada y los hechos se remontan a 2015, circunstancia que allana el camino para llegar a un acuerdo y ahorrarse la celebración formal del juicio.

Y es que el delito de negociaciones prohibidas obliga a constituir un jurado popular y celebrar la vista oral, con varias sesiones hasta que finalmente los miembros del tribunal emitan un veredicto de culpabilidad o de inocencia. Una exposición pública que afectaría el prestigio de la ULPGC y de la propia Berriel.

Hechos

La entonces vicerrectora fue denunciada por alquilar pisos suyos y de familiares a profesores vinculados al Instituto Confucio de la Universidad de Chanchung, en China. 

Se trata de un programa académico para reforzar la cooperación educativa entre ambos países, promoviendo el aprendizaje del idioma a través del acuerdo de colaboración suscrito con la la ULPGC.

En ese contexto, la acusada, que integraba el Consejo Asesor del Instituto Confucio en Las Palmas de Gran Canaria como vicepresidenta, tenía la obligación de buscar y de asignar alojamiento a los profesores chinos. De ahí el reproche penal de la Fiscalía: se aprovechó de esa posición académica para cerrar o facilitar cinco contratos de alquiler controvertidos, un piso de su hermana y otros cuatro de su marido, con quien comparte régimen de gananciales.

Sin lucro

La defensa de la investigada, sin embargo, ha presentado más de 30 escritos para acreditar que los contratos fueron legales y no existió enriquecimiento porque se hicieron a precio de mercado. 

Un argumento que neutraliza el tipo delictivo de la malversación, pero no el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que es el escogido por el ministerio público para formular acusación. Esto, en la práctica, obliga a la defensa a negociar si quiere evitar la celebración formal del juicio, siempre a cambio del reconocimiento de los hechos nucleares del pleito, que se inició por una denuncia del Consejo Social de la ULPGC.

La propia universidad está presente en la causa como acusación particular, pero hasta el momento ha seguido un papel discreto, dejando el impulso procesal a la Fiscalía.

Escollos

El problema, además de que la acusada se considera inocente, no es la posible pena: Berriel está jubilada, los hechos son de 2015 y comenzaron a investigarse en 2018, es decir, hay argumentos para apreciar dilaciones indebidas y ajustar el castigo. El inconveniente es que la Ley del Jurado no prevé sentencias de conformidad, lo cual complica el posible acuerdo entre las partes y su manera de ejecutarlo.

Las negociaciones, en cualquier caso, comenzaron hace meses y están avanzadas.