Las Palmas de Gran Canaria no cumple los requisitos legales para ser declarada zona de mercado residencial tensionado. Así lo concluye el informe oficial encargado por el Gobierno de Canarias y coordinado por la economista Rosa Rodríguez Díaz, presentado este jueves por el Colegio de Economistas y la empresa pública Visocan.
El Ayuntamiento capitalino presentó la solicitud para obtener esta calificación en abril de 2024 y remitió su propio estudio técnico el pasado enero de 2025, hace ya más de seis meses. Sin embargo, el análisis encargado por el Ejecutivo regional señala que ni el precio de la vivienda ni su evolución cumplen con los parámetros de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
Umbrales no superados
Para declarar una zona como tensionada, la normativa estatal establece dos condiciones alternativas: que el coste del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de los ingresos medios o que la evolución del precio de la vivienda supere en tres puntos al IPC en cinco años.
El informe determina que en Las Palmas de Gran Canaria el esfuerzo medio para alquilar una vivienda es del 24,11 % de la renta media, y para comprarla (incluyendo hipoteca y gastos) del 22,80 %, ambos por debajo del umbral del 30 %.
En cuanto a la evolución de precios, el alquiler aumentó un 21,20 % entre 2019 y 2024, solo 2,6 puntos más que el IPC en ese mismo periodo, y la compraventa incluso creció por debajo del índice de precios. Según la normativa, es necesario superar los 3 puntos porcentuales, lo que no se cumple en ninguno de los dos supuestos.
Vivienda vacía
El análisis también desmonta uno de los principales argumentos del consistorio: la escasez de viviendas. A partir de datos oficiales del IRPF, el Consejo General del Notariado y el Instituto Nacional de Estadística, los técnicos han concluido que existe un excedente de 12.765 viviendas en el municipio, teniendo en cuenta la evolución del número de hogares y del parque residencial.
Además, hay al menos 38.368 viviendas sin hogar asociado y un volumen indeterminado de unidades habitacionales en “el limbo”, sin uso claro ni presencia en el mercado. “El problema no es que no haya viviendas, es que no están disponibles”, subrayó la economista Rosa Rodríguez, quien también advirtió del sesgo de los datos usados por el Ayuntamiento, ya que provienen de portales inmobiliarios como Idealista, cuyos precios son “de salida, no de cierre”.
Crecimiento demográfico estancado
Uno de los datos más relevantes que aporta el informe es la evolución demográfica. Pese al discurso de presión poblacional, el municipio ha crecido solo un 7,2 % en los últimos 33 años, frente al 50 % de media regional, y la población actual es un 1,39 % menor que en el año 2000.
El núcleo central de Las Palmas de Gran Canaria ha perdido 10.500 residentes desde 2011, mientras que solo Tamaraceite ha registrado un crecimiento moderado. “El parque de vivienda se ha estancado igual que la población. Y donde no hay aumento de población, no se puede hablar de tensión residencial”, concluyó Rodríguez.
Sin zonas tensionadas
El documento, elaborado bajo convenio entre el Gobierno de Canarias, Visocan y el Colegio de Economistas, insiste en la necesidad de mejorar la información pública sobre el mercado y analizar por qué existe tanta vivienda vacía o infrautilizada. También recomienda estudiar cambios legales para incentivar el alquiler y proteger al propietario frente a impagos y ocupaciones.
Con estos datos, la conclusión del informe es clara: Las Palmas de Gran Canaria no reúne las condiciones legales para ser declarada zona tensionada. La decisión final la tomará el Ejecutivo regional.