El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa esperando una respuesta. Han pasado 426 días desde que instó al Gobierno de Canarias a declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, una figura recogida en la Ley estatal de Vivienda que permitiría aplicar límites al precio del alquiler.
El Ayuntamiento aprobó esta petición en abril de 2024 y remitió el informe técnico justificativo hace ya 145 días, convirtiéndose en el primer municipio del Archipiélago en presentar documentación completa avalada por datos del INE y el ISTAC.
Resolución “en días o semanas”
En declaraciones a Canarias Radio, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, aseguró que la resolución podría conocerse “en muy pocas semanas o incluso días”, una vez se finalice el análisis del informe municipal. “Se hará una exposición pública, como recoge la norma, para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones”, añadió.
El Gobierno regional ha encargado un informe técnico propio para contrastar los datos y comprobar si se cumplen los requisitos legales. También evaluará el impacto de aplicar las medidas previstas, algo que considera clave antes de tomar una decisión definitiva.
Problemas de oferta y demanda
Rodríguez subrayó que en Canarias existe un grave problema de oferta y demanda, acentuado por la caída del parque de viviendas en alquiler y el crecimiento demográfico. “Si cualquier medida que vayamos a tomar va a reducir la oferta, y la demanda va a seguir disparada, evidentemente parece que no va a resolver el problema”, afirmó.
Sus palabras reflejan cierto escepticismo sobre la utilidad de declarar zonas tensionadas sin ir acompañadas de un aumento real de vivienda asequible.
Criterios cumplidos
Según el consistorio, Las Palmas de Gran Canaria cumple tres de los cuatro criterios exigidos por la ley para acogerse a esta figura. En su informe destaca que el precio del alquiler ha subido un 29,4% en cinco años, mientras que el IPC regional solo ha crecido un 19,7% en ese mismo periodo.
Además, el documento alerta de la reducción del número de viviendas disponibles para arrendamiento tradicional y del impacto del alquiler vacacional sobre el mercado local.
El caso de Barcelona
El consejero mencionó como referencia el caso de Barcelona, una de las ciudades donde ya se ha aplicado esta medida. Allí se registró una moderada bajada de precios, pero también una importante contracción de la oferta.
Esa experiencia alimenta las dudas del Ejecutivo canario, que teme que limitar los precios pueda tener un efecto contraproducente si no va acompañado de un plan claro para aumentar la oferta habitacional.
Incertidumbre palpable
Aunque Pablo Rodríguez insiste en que la decisión se tomará “con base en los informes”, sus declaraciones dejan entrever que el Gobierno de Canarias no ve con buenos ojos la aprobación de la solicitud capitalina.
El tono del consejero apunta, de forma implícita, a un posible rechazo, al considerar que la medida podría agravar el desequilibrio estructural del mercado de alquiler en la ciudad. La respuesta definitiva, no obstante, dependerá del contenido del informe regional pendiente.
Habrá que esperar a la decisión final del Ejecutivo autonómico. De momento, los días de espera siguen acumulándose, mientras la ciudad continúa sin respuesta a una demanda que considera urgente.