El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este jueves que la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado residencial tensionado debe ajustarse a los requisitos y al procedimiento establecidos por la legislación estatal. Sus declaraciones llegan un día después de que el Ejecutivo autonómico sometiera a información pública el expediente solicitado por el Ayuntamiento capitalino.
Durante una intervención en el Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández, Rodríguez ha recordado que los municipios pueden solicitar esta declaración, pero ha subrayado que cumplir los requisitos no implica que la autorización sea automática.
El consejero ha señalado que Las Palmas de Gran Canaria es el único de los 88 municipios canarios que ha presentado una solicitud formal y ha precisado que la petición municipal afecta a todo el término municipal, no a barrios concretos.
Cruce de reproches por la demora
Rodríguez ha defendido la actuación del Gobierno autonómico y ha explicado que, tras estudiar la documentación municipal, se solicitó información adicional en noviembre de 2025. Según su relato, el Ayuntamiento reiteró ese mismo mes su petición sin modificarla y el Ejecutivo realizó un nuevo requerimiento, al que, ha afirmado, no recibió respuesta en marzo de 2026.
El consejero ha argumentado que la Administración debe reclamar la documentación necesaria cuando una solicitud está incompleta o no reúne los requisitos establecidos, y ha comparado el procedimiento con la tramitación de una subvención.
Por su parte, Carmen Hernández ha acusado al Gobierno canario de demorar el expediente. La diputada ha afirmado que el Ejecutivo tardó un año en revisar la documentación municipal y que el Instituto Canario de la Vivienda necesitó otros siete meses para emitir el informe que permitía continuar la tramitación.
Hernández ha recordado que Nueva Canarias defendió esta medida en una proposición no de ley en 2024, que fue rechazada por el Gobierno, y ha sostenido que el Ejecutivo autonómico ha cuestionado reiteradamente su eficacia.
El debate sobre los alquileres
La discusión parlamentaria también ha girado en torno a los efectos de declarar una zona tensionada y a las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda.
Rodríguez ha citado el caso de Cataluña y ha asegurado que el descenso de la media de los alquileres se explica por la reducción de las rentas superiores a 2.500 euros. Según su intervención, los alquileres que rondaban los 900 euros no han bajado y la oferta de viviendas ha disminuido más de un 20 %.
Frente a ello, Hernández ha afirmado que los datos oficiales de Cataluña reflejan una bajada de los alquileres en los 302 municipios donde se ha aplicado la declaración. La diputada ha advertido de que los precios siguen dificultando el acceso a la vivienda para las familias de Las Palmas de Gran Canaria y ha reclamado que se agilice el procedimiento.
La representante de Nueva Canarias también ha expresado su temor a que la publicación del expediente responda a un anuncio electoralista.
Rodríguez señala al planeamiento municipal
El consejero ha dirigido parte de sus críticas a la política urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Según ha sostenido, el planeamiento municipal ha permitido transformar edificios residenciales en hoteles y alojamientos turísticos, lo que habría reducido la oferta de viviendas y contribuido a la salida de vecinos de barrios como Guanarteme.
Rodríguez ha defendido que el Consistorio podía modificar el Plan General para impedir esos cambios de uso y ha insistido en que la regulación de los alquileres debe acompañarse de medidas para incrementar la oferta residencial.
Por último, ha asegurado que el expediente continuará su tramitación conforme al procedimiento administrativo, con la información pública y las alegaciones correspondientes. También ha defendido la labor de los funcionarios del Instituto Canario de la Vivienda en la elaboración de los informes.
La apertura de la información pública supone un nuevo avance en la solicitud municipal, pero Las Palmas de Gran Canaria todavía no ha sido declarada zona tensionada. La decisión definitiva dependerá de la resolución del procedimiento por parte del Gobierno de Canarias.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.