La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha advertido de que la futura declaración de la capital grancanaria como zona de mercado residencial tensionado puede terminar reduciendo todavía más la oferta de viviendas disponibles para alquilar.
Las declaraciones se producen después de que el Gobierno de Canarias haya anunciado que el expediente entrará este mes de octubre en la fase de información pública, un paso relevante dentro de un procedimiento que comenzó hace más de dos años, pero que todavía no supone la declaración efectiva de la ciudad como zona tensionada.
La solicitud fue presentada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en mayo de 2024 y la competencia para resolverla corresponde al Ejecutivo autonómico. En enero de 2025, el Consistorio presentó un informe técnico elaborado con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, posteriormente, el Gobierno de Canarias reclamó documentación adicional sobre la situación del mercado residencial.
Un trámite que encara su recta final
El Ayuntamiento entregó la documentación adicional solicitada por el Gobierno canario en febrero de 2026. Entre los datos aportados figuraban que el 77% de la población de la capital reside en distritos donde existe sobreesfuerzo para acceder a una vivienda, que el esfuerzo medio de los hogares para pagar el alquiler alcanza el 30,97% de la renta y que el precio del alquiler había aumentado un 29,4% desde 2019, según los datos municipales.
Tras analizar esa documentación, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha decidido continuar con el expediente y someterlo a información pública durante al menos 20 días. En ese periodo se pondrá a disposición de la ciudadanía la documentación que sustenta la solicitud y el plan específico de medidas previsto para la ciudad, y podrán presentarse alegaciones.
La capital grancanaria es el único municipio de Canarias cuya petición de declaración como zona tensionada se encuentra actualmente en tramitación.
Qué supondría la declaración
La figura de zona tensionada prevista en la Ley estatal de Vivienda permite aplicar determinadas medidas sobre los alquileres con el objetivo de contener los precios y mejorar el acceso a la vivienda en áreas donde existe un riesgo especial de falta de oferta asequible.
Entre sus efectos está la regulación del precio de los nuevos contratos en determinadas circunstancias. La normativa establece que, en una vivienda situada en una zona tensionada, la renta inicial de un nuevo contrato no puede superar, con carácter general, la última renta vigente en los últimos cinco años, actualizada conforme al contrato anterior. En el caso de los grandes tenedores, se aplica además el límite máximo establecido por el sistema estatal de referencia de precios cuando concurren las condiciones previstas por la ley.
Precisamente este tipo de intervención es lo que el PP considera contraproducente. Delgado sostiene que el principal problema de Las Palmas de Gran Canaria es la escasez de vivienda disponible a precios asequibles y teme que algunos propietarios retiren sus inmuebles del mercado, los mantengan vacíos o decidan venderlos.
"La consecuencia previsible es que habrá propietarios que opten por retirar sus viviendas del alquiler residencial, mantenerlas vacías o directamente venderlas", ha afirmado la portavoz popular.
Delgado ha utilizado además como argumento las 24.822 viviendas vacías contabilizadas en la ciudad por el último Censo de Población y Viviendas, aproximadamente el 14% del parque residencial, y ha reclamado incentivos y garantías para conseguir que parte de esos inmuebles regresen al mercado.
El nuevo frente estatal
A este debate se suma ahora la situación abierta en el ámbito estatal. El Congreso rechazó el pasado 2 de octubre los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno, que incluían medidas sobre alquileres, desahucios, vivienda asequible y protección de los inquilinos.
Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido volver a aprobar este martes, 6 de octubre, los decretos con algunos cambios para intentar que sean convalidados por la Diputación Permanente, después de la disolución de las Cortes tras el adelanto electoral. Entre las medidas previstas figuran la protección frente a determinados desahucios, límites extraordinarios a las actualizaciones de las rentas, regulación de los alquileres de temporada, incentivos fiscales y ayudas para facilitar el acceso a la primera vivienda.
Para Delgado, la combinación de la futura zona tensionada con las nuevas medidas estatales genera un escenario de "inseguridad jurídica" para los propietarios.
"Zona tensionada, intervención de precios, prórrogas obligatorias, mayores condicionantes para recuperar una vivienda y cambios constantes en la legislación. El resultado es un cóctel de inseguridad jurídica que puede ser nefasto para Las Palmas de Gran Canaria", ha advertido.
La portavoz del PP considera que una eventual reducción de la oferta acabaría perjudicando especialmente a las personas con menor capacidad económica, al aumentar la competencia por cada vivienda disponible.
"Si cada vez existen menos viviendas en alquiler habrá más personas compitiendo por cada inmueble disponible", ha concluido.
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