La petición de Las Palmas de Gran Canaria para convertirse en zona de mercado residencial tensionado entra, más de dos años después de ponerse en marcha, en una nueva fase. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias prevé someter durante este mes de octubre el expediente a información pública, un trámite que permitirá consultar los documentos que sustentan la solicitud y presentar alegaciones durante un periodo mínimo de 20 días.
El movimiento supone un avance administrativo relevante en un procedimiento que permanecía abierto desde 2024, pero no anticipa cuál será su desenlace. Sacar el expediente a exposición pública no significa que el Ejecutivo autonómico haya dado por buenos los argumentos del Ayuntamiento ni que haya decidido declarar la capital zona tensionada. Esa resolución llegará después.
Cuando termine el plazo de alegaciones, el Gobierno de Canarias deberá estudiar las aportaciones recibidas y solicitar un informe al Ayuntamiento sobre ellas. Solo entonces podrá decidir. El procedimiento regulado por el Decreto ley canario 1/2024 contempla expresamente las dos posibilidades: aprobar la declaración o desestimarla y archivar las actuaciones.
Más de dos años
El origen del expediente se remonta a la primavera de 2024. El Pleno municipal aprobó el 26 de abril la iniciativa y el Ayuntamiento remitió el 10 de mayo al Gobierno de Canarias la solicitud para que todo el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria fuese considerado zona de mercado residencial tensionado.
La figura procede de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda y permite aplicar determinadas medidas en aquellos mercados donde el acceso a una casa se ha encarecido hasta comprometer de forma especial la economía de los hogares. La competencia para declarar esas zonas corresponde, sin embargo, a las comunidades autónomas. El Ayuntamiento podía solicitarla y justificarla, pero no aprobarla por sí mismo.
Ese reparto competencial marcó desde el principio la relación entre las dos administraciones. El gobierno municipal de Carolina Darias defendió la necesidad de activar la figura en toda la ciudad, mientras el Ejecutivo autonómico reclamó que la petición estuviera acompañada de la documentación y justificación técnica necesarias. El Ayuntamiento decidió entonces profundizar en el diagnóstico del mercado inmobiliario de la capital.
El informe municipal
El siguiente momento importante llegó en enero de 2025. Los servicios municipales, con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), elaboraron un informe para justificar que la situación de la ciudad encajaba en los supuestos previstos por la legislación estatal.
La conclusión municipal fue que Las Palmas de Gran Canaria cumplía tres de los cuatro parámetros estudiados y que la declaración podía extenderse a todo el municipio.
Uno de los principales indicadores era el esfuerzo que debían realizar los hogares para pagar la vivienda. El documento calculó que la carga media de la hipoteca, sumados los gastos y suministros básicos, había pasado del 30,52% de la renta familiar en 2021 al 33,55% en 2023. En el alquiler, el esfuerzo calculado alcanzaba el 38,08%.
Evolución de los precios
También se analizó la evolución de los precios. El estudio municipal cifró en un 29,4% el crecimiento del alquiler durante el periodo analizado, frente a un incremento acumulado del IPC en Canarias del 19,69%.
A ese escenario añadió otro elemento que el Ayuntamiento considera determinante en el funcionamiento del mercado residencial: el crecimiento de la vivienda vacacional. El número de inmuebles destinados a esa actividad había pasado, según aquel trabajo, de 2.050 en agosto de 2020 a 4.716 en octubre de 2024. En determinadas secciones de Puerto-Santa Catalina, La Isleta, Guanarteme, Vegueta y Triana, la proporción se acercaba a una vivienda vacacional por cada dos residenciales.
El Pleno municipal respaldó el 31 de enero de 2025 el envío de esa documentación al Ejecutivo autonómico. La pelota volvía a estar en el tejado del Gobierno de Canarias.
Las primeras dudas
La respuesta autonómica no llegó en forma de resolución. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó en marzo de 2025 en el Parlamento que su departamento estaba contrastando los datos aportados por el Ayuntamiento.
La discusión dejó entonces de ser únicamente política para convertirse también en técnica: qué datos debían utilizarse para determinar que una ciudad estaba tensionada y qué fotografía ofrecían realmente del mercado inmobiliario de Las Palmas de Gran Canaria.
Esa cuestión adquirió todavía más importancia unos meses después.
Un informe contrario
En julio de 2025 se conoció un estudio elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas dentro de un convenio con Visocan, empresa pública dependiente del Gobierno autonómico. Sus conclusiones chocaban frontalmente con las defendidas por el Ayuntamiento.
Según aquel análisis, Las Palmas de Gran Canaria no cumplía los criterios legales necesarios para ser declarada zona tensionada.
Los economistas cuestionaron parte de la metodología utilizada para medir los precios y recurrieron, entre otras fuentes, a información del Consejo General del Notariado y del Ministerio de Vivienda. Su diagnóstico sostenía que ni el esfuerzo económico de los hogares ni la evolución de los precios superaban los límites exigidos por la normativa.
Sin residentes asociados
El trabajo introducía además otra lectura del problema residencial de la capital. En lugar de identificar como cuestión central una insuficiencia del parque construido, apuntaba hacia la cantidad de viviendas existentes que permanecían fuera del mercado.
El estudio calculaba un excedente teórico de 12.765 viviendas al comparar la evolución del parque residencial con el crecimiento de los hogares y señalaba la existencia de miles de inmuebles sin residentes asociados.
A partir de ese momento convivieron sobre la mesa dos fotografías distintas de una misma ciudad: la elaborada por el Ayuntamiento con la colaboración de la ULPGC, favorable a la declaración, y la realizada por Economistas en el marco de su convenio con Visocan, que concluía lo contrario.
Las Palmas insiste
Pasaron los meses sin resolución. El 5 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento volvió a dirigirse formalmente al Gobierno de Canarias.
En aquella reiteración dejó constancia de que no había recibido confirmación sobre la incoación del expediente y reconstruyó los pasos dados hasta entonces: solicitud inicial del 10 de mayo de 2024, documentación técnica remitida en enero de 2025 y nuevo acuerdo del Pleno.
La declaración de zona tensionada se había convertido ya en uno de los principales puntos de fricción entre el gobierno municipal de PSOE, Nueva Canarias y Podemos y el Ejecutivo autonómico de Coalición Canaria y Partido Popular. El expediente volvió a moverse a comienzos de 2026.
Canarias pide más datos
La Consejería requirió al Ayuntamiento información adicional. No cerró el procedimiento ni rechazó la petición, pero tampoco consideró suficiente lo que tenía sobre la mesa para resolver.
El Consistorio respondió el 11 de marzo con una adenda técnica que buscaba precisamente reforzar los puntos sobre los que existían dudas.
La nueva documentación incorporó datos de precios de venta y alquiler desglosados por zonas y tipologías, cálculos actualizados del esfuerzo económico de los hogares, estudios de segregación social, mapas de vulnerabilidad y un cronograma de actuaciones para los tres años que duraría inicialmente la declaración.
El Ayuntamiento volvió a concluir que la ciudad superaba los límites establecidos en la legislación estatal.
El 30,97%
Uno de los datos centrales de la adenda es el esfuerzo destinado al alquiler. Los cálculos municipales lo sitúan en una media del 30,97% de la renta de los hogares, incluidos los gastos básicos asociados a la vivienda.
La frontera es relevante porque la Ley estatal de Vivienda contempla precisamente el 30% como uno de los indicadores para determinar la existencia de tensión residencial.
El Ayuntamiento añadió además una dimensión territorial al problema: los distritos donde el esfuerzo alcanza o supera ese porcentaje concentran aproximadamente al 77% de la población de Las Palmas de Gran Canaria.
Renta familiar
También actualizó sus argumentos sobre la evolución inmobiliaria. En compraventa, el precio medio de las operaciones pasó, según la documentación remitida, de 1.697 euros por metro cuadrado en 2021 a 2.115 euros en 2023. El esfuerzo hipotecario se situaba alrededor del 30,7% de la renta familiar.
En alquiler mantuvo otro de sus principales argumentos: los precios habían aumentado un 29,4% entre 2019 y 2024, mientras el IPC de Canarias acumuló durante ese periodo un crecimiento del 19,69%. La diferencia se acerca a diez puntos.
Con esa documentación adicional, el Ayuntamiento consideró atendido el requerimiento autonómico.
Octubre, siguiente estación
Seis meses después llegó el movimiento que cambió la situación administrativa del expediente. La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, anunció este jueves que el procedimiento estaba terminándose y que saldría “en breve” a información pública. Fuentes de la Consejería concretaron posteriormente que la previsión es hacerlo durante octubre.
Las Palmas de Gran Canaria es, además, según De León, el único municipio canario cuya petición de declaración de zona tensionada está actualmente siendo tramitada por el Instituto Canario de la Vivienda.
La exposición deberá prolongarse durante al menos 20 días y anunciarse oficialmente. Durante ese periodo quedará a disposición pública la documentación que sirve de base a la memoria justificativa de la solicitud y también el plan específico de medidas previsto para la ciudad.
Será además el momento en que terceros puedan formular alegaciones y discutir los argumentos incorporados al expediente.
No es todavía un sí
Ese es precisamente el matiz que separa el trámite anunciado de una declaración efectiva. El Gobierno de Canarias no ha comunicado que Las Palmas de Gran Canaria cumpla definitivamente los requisitos ni ha anticipado una resolución favorable. Lo que ha hecho es continuar la tramitación después de analizar la información adicional presentada por el Ayuntamiento.
La propia normativa reserva la decisión para después de la información pública. Una vez cerrado ese periodo, la Administración autonómica tendrá que analizar las alegaciones y pedir al Ayuntamiento un informe sobre ellas. El Gobierno deberá valorar también la incidencia de la eventual declaración en su política autonómica de vivienda. Después resolverá.
En manos del Gobierno
Si entiende acreditadas las condiciones, podrá declarar Las Palmas de Gran Canaria zona de mercado residencial tensionado. Si concluye lo contrario, archivará el expediente.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya dejó clara en junio la posición política de su Ejecutivo: aseguró en el Parlamento que, si la capital reúne los requisitos, el Gobierno aceptará la petición. Al mismo tiempo cuestionó la eficacia de la herramienta y sostuvo que no resolverá por sí sola el problema de acceso a la vivienda.
El expediente llega así a octubre sin un desenlace escrito. Después de más de dos años de solicitudes, informes, requerimientos y diagnósticos enfrentados, la exposición pública permitirá por primera vez abrir formalmente la documentación a alegaciones. Pero la decisión que persigue Las Palmas de Gran Canaria desde mayo de 2024 seguirá estando, cuando termine ese trámite, en manos del Gobierno de Canarias.
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