El colectivo vecinal Guanarteme Se Mueve mantiene dos frentes judiciales abiertos contra el edificio de 468 viviendas que está proyectado en la Plaza América. El último de los procedimientos, iniciado hace solo dos semanas por la vía contencioso-administrativa, está pendiente de resolución, mientras el primero ha llegado al Tribunal Supremo (TS) para recurrir una fianza con la que no están de acuerdo.
La construcción del inmueble generó crispación desde el principio. Su gran tamaño y el hecho de que haya un mayor número de vecinos en la zona no ha gustado a buena parte de quienes residen allí porque lo ven como una forma de saturar más el barrio. Tras varios años de negociaciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le concedió la licencia al promotor.
Cronología
Todo el procedimiento administrativo comenzó en el 2020, aunque una serie de modificaciones urbanísticas lo retrasó cuatro años. A partir de ahí, Guanarteme Se Mueve presentó en mayo de 2024 un contencioso-administrativo —el primero— para impugnar la licencia que otorgó la corporación municipal a quienes se han propuesto levantar el edificio. Pero a partir de ahí surgió un bache en el camino.
Antonio y Alvarado-García, abogado del colectivo vecinal, cuenta a Atlántico Hoy que solicitaron una medida cautelar que consistía en pedirle al Juzgado de lo Contencioso nº2 de Las Palmas de Gran Canaria que incorporara en el registro que había un pleito judicial en marcha. La finalidad era advertir a quienes pensaran en comprar una de las vivienda que se estaban metiendo “en un avispero”.
¿Una fianza?
El juez aceptó la propuesta, pero solo si a cambio pagaban una fianza de cinco millones de euros con el objetivo de avalar a los promotores en caso de que Guanarteme Se Mueve perdiera el pleito y tuvieran que indemnizarlos. Como no les pareció bien la idea, recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde consideraron que era excesiva y debía rebajarse a un millón.
Su desacuerdo continuó e interpusieron, según confirma el propio letrado a este periódico, un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) antes del pasado verano y aún permanecen a la espera de recibir la resolución. “El promotor no tiene derecho a ocultarle que hay un pleito al comprador”, sentencia el abogado. Solo unos meses después, en agosto, se enteraron de que el Consistorio pretende inadmitirles un recurso presentado en febrero contra la obra.
El Plan General
El grupo municipal llevará el asunto este viernes al Pleno para que los 29 concejales lo voten en el Salón Dorado de Santa Ana. Por lo tanto, hace dos semanas Guanarteme Se Mueve presentó otro contencioso-administrativo para que sea el juez quien, si lo considera oportuno, tome la decisión de paralizar —o no— la obra mientras se lleva a cabo una revisión que pidió el colectivo vecinal.
El recurso pide que se revise de oficio la resolución de cara a ejecutar la actuación AD-16 Plaza de América-Cayetana Manrique (Mesa y López) de junio de 2022. El eje del documento está en que la prolongación de la Avenida José Mesa y López y la glorieta Plaza de América vienen ordenados como Sistema General por el Plan General vigente desde el año 2012.
Costes
¿Esto qué significa? Según el propio recurso, implica que la prolongación debe ir a cargo del promotor privado y no del Ayuntamiento —como está previsto—. Resalta que únicamente corresponde al Consistorio financiar el tramo de prolongación de Mesa y López entre las calles Covadonga y Párroco Francisco Rodríguez con un coste de 220.200 euros de suelo y 2,3 millones de obra.
Apunta que los demás tramos, con un importe solo en obras de 9,5 millones, deben ser financiados por el promotor privado. Pone sobre la mesa que “no tiene sentido” delimitar la AD-16, otorgándole mayor aprovechamiento con el fin de obtener como dotación pública la prolongación de Mesa y López, “si dicha dotación la tiene que sufragar la corporación”.
"Un contrasentido"
“Resultando un contrasentido, una desventaja y una verdadera pérdida para los habitantes de esta ciudad, que además de asumir los inconvenientes y molestias que conlleva una mayor edificabilidad, tengan que sufragar ellos la ejecución de las obras de la dotación que se pretendía obtener”, sentencia.
“Es por ello que constatada la nulidad radical de la resolución de 27 de mayo de 2022 del pleno municipal, y no habiendo sido impugnado en plazo, insto de esa corporación su revisión de oficio”, resalta. “Todo ello, acordando suspender cautelarmente los efectos de dicho instrumento de compensación, para que mientras se tramita lo anterior no pueda consumarse la ejecución de las obras del edificio”, asevera.