La asociación de Hernández (COAG) en El Fondillo, desalojada por el Ayuntamiento

Los grupos vecinales del área han dirigido varias solicitudes al Ayuntamiento, propietario del inmueble, solicitando que se utilice como un espacio de servicio social y cultural para los residentes del barrio

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Rafael Hernández, presidente de la COAG en Canarias / ATLÁNTICO HOY - MARCOS MORENO
Rafael Hernández, presidente de la COAG en Canarias / ATLÁNTICO HOY - MARCOS MORENO

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desalojará la asociación Oportunidads de Vida de Rafael Hernández (COAG) en el barrio de El Fondillo donde aplicaba el programa 'Una hora de estudio para una hora de entreno' de su equipo de fútbol con migrantes según una información publicada por el periódico Canarias7.

En 2018, Hernández y su asociación accedieron al centro mediante una resolución emitida por la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas para el uso de sus instalaciones. Desde entonces, los grupos vecinales del área han dirigido varias solicitudes al Ayuntamiento, propietario del inmueble, solicitando que se utilice como un espacio de servicio social y cultural para los residentes del barrio.

Diez días

En enero de 2023, Hernández presentó una solicitud al Ayuntamiento para obtener la cesión gratuita del espacio, solicitud que fue denegada tres meses después debido a que el lugar es considerado un bien de dominio público.

La negativa del Ayuntamiento a ceder gratuitamente el espacio incluía un plazo de diez días para que la ciudad pudiera recuperar el control del centro, pero esta medida no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, en una decisión tomada este lunes, el Ayuntamiento ha ordenado el desalojo de Oportunidades de Vida, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para abandonar el lugar, y advirtiendo que cualquier gasto derivado de la no entrega voluntaria del inmueble será responsabilidad de la asociación.

Menores migrantes 

Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), está, hace varias semanas, en el punto de mira. Desde que salió a la luz la investigación que tiene abierta por, presuntamente, emplear a menores migrantes en sus fincas privadas, se han conocido diferentes informaciones: desde cantidades millonarias en subvenciones que ha recibido hasta el precinto de unas obras que realizaba sin permiso.

La última novedad es una denuncia interpuesta en la Fiscalía Provincial –pendiente de admisión a trámite– contra él, su mujer, dos de sus hijas y su yerno por varios presuntos hechos. Uno de los más llamativos es que, según explica el texto, cobraba por inscribirse a actividades que ya estaban financiadas por la administración pública. 

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