El juez del 'caso Valka' sigue la pista del dinero en el supuesto soborno que afecta al servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El magistrado Rafael Passaro, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado a dos bancos que remitan todas las operaciones realizadas desde 2019 hasta la actualidad por el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón, que fue jefe de Parques y Jardines hasta 2020.
Tanto Guerra como Patrón están investigados en Valka, un caso dividido en varias piezas separadas, con dos áreas o servicios bajo sospecha por la adjudicación de contratos públicos: Parques y Jardines, y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), con otros cuatro implicados.
Giro y sorpresa
Durante este año de instrucción, el foco mediático ha estado puesto en Geursa, con el excoordinador de Urbanismo José Manuel Setién y la exgerente Marina Más como principales imputados, pero la pieza separada de Parques y Jardines ha recibo este mes de octubre un nuevo impulso, ampliándose las pesquisas a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
Hasta ahora sólo se había apelado al posible soborno para motivar determinadas diligencias de investigación que atañen a Urbanismo. La razón es que Setién estaba jubilado y tenía acceso a los servidores municipales, encontrando la Guardia Civil sociedades vinculadas que recibieron contratos públicos, como algunos proyectos de la MetroGuagua.
La pieza separada de Parques y Jardines, sin embargo, es la primera encaminada hacia el cohecho y el blanqueo de capitales. El fiscal ha solicitado que se le tome declaración por estos dos delitos a Guerra y Padrón, al tiempo que el Juzgado de Instrucción Nº 2 ha activado varias diligencias para acreditar los indicios hallados por la Guardia Civil.
Préstamo personal
Desde el principio de la investigación se supo que el empresario y el funcionario eran socios en la empresa Esvertical, pero la documentación encontrada en el móvil de Padrón y en la casa de Guerra les compromete todavía más.
Se trata de un préstamo de carácter personal que la sociedad Guerra Patrimonial FGG otorgó al jefe de Parques y Jardines para construir un complejo de alquiler vacacional en la isla de La Palma.
El funcionario, según ese documento, recibió 430.000 euros, sin intereses efectivos ni amortizaciones periódicas, con un vencimiento fijado en 2035.
Esas condiciones, que carecen de lógica financiera, llevan al supuesto soborno por un doble motivo: Parques y Jardines tramitaba en esos momentos un contrato de 750.000 euros a favor del empresario, además de una veintena de adjudicaciones de menor importe.
El flujo del dinero
La Guardia Civil, además del contrato del préstamo, ha hallado certificaciones con transferencias hechas por Guerra Patrimonial a Padrón. Es la pista del dinero que siga la autoridad judicial.
El juez ha solicitado al Santander y a Cajamar-Cajarural que proporcionen a la Guardia Civil todos los soportes documentales, extractos de operaciones e información de apertura de cuentas usadas por los dos investigados desde el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad, las cuales pertenecen a Guerra Patrimonial FGG, Miguel Ángel Padrón y la sociedad Flying La Palma.
El objetivo de esa diligencia es reconstruir la cadena de transferencias y verificar los flujos de capital para rastrear las operaciones, con la finalidad de acreditar que el préstamo era un negocio simulado para camuflar posibles sobornos.
Responsables administrativos
Los contratos que se investigan en Parques y Jardines son todos del mandato pasado, con Augusto Hidalgo de alcalde e Inmaculada Medina como concejala del servicio.
La firma de Medina, de hecho, aparece en el expediente administrativo de los 750.000 euros, con Padrón como responsable directo de la ejecución del contrato (se encargó desde redactar los pliegos hasta verificar su cumplimiento).
Más diligencias
También se ha requerido al Departamento de Recursos Humanos, a la Concejalía de Parques y Jardines y a la Secretaría General del Ayuntamiento que entreguen el expediente personal de Padrón.
Esta diligencia es necesaria para verificar que el funcionario no declaró los conflictos de intereses por su relación societaria con Esvertical o la existencia del préstamo con la empresa de Guerra, comprometiendo la imparcialidad a la que está obligado por ley.
Padrón, desde el pasado mes de septiembre, está suspendido de empleo y sueldo por vulnerar el régimen municipal de incompatibilidades.
En resumen, juez y fiscal consideran que el préstamo podría ser una dádiva o favor económico para compensar las acciones del funcionario, según el auto dictado el pasado 6 de octubre para ampliar la investigación.
Datos clave
Hay tres indicios de peso para llegar a esa conclusión inicial: en el mismo periodo que firmó el préstamo, Padrón también redactó los pliegos técnicos y administrativos del contrato municipal, fue designado responsable del mismo y certificó mensualmente las prestaciones de la empresa de Guerra.
Además, recibió ingresos periódicos de Guerra Patrimonial, identificados como certificaciones, que sumaron más de 400.000 euros.