El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria se mantiene en su criterio de ponérselo imposible a la asociación de vecinos Rehoyas Avanza.

El colectivo trata sin éxito de personarse en la pieza principal el 'caso valka' para formar acusación contra la Sociedad de Promoción Urbanística de Las Pamas de Gran Canaria (Geursa), pero el juez les exige una fianza de 12.000 euros, una cantidad difícil de aportar para una organización de estas característica.

Garantías

Rehoyas Avanza contaba con el apoyo de la Fiscalía, que era partidaria de aminorar la fianza para facilitar la entrada en el procedimiento de la asociación vecinal, pero el magistrado Rafael Passaro rechaza el recurso de reforma y mantiene los 12.000 euros como requisito para ejercer la acción popular.

El juez explica que personarse en la causa implica acceder a una "gran cantidad de información" de los investigados y de los testigos, siendo necesaria una "mínima garantía" para que el comportamiento de la acusación popular "se ajuste" a los principios de la buena fe procesal y de la reserva "a la hora de tratar"  dicha información, recoge el auto judicial.

Intereses

Traducido al lenguaje común, el magistrado no se fía de las intenciones del colectivo vecinal, que no tiene un interés directo en la causa. Los hechos investigados afectan al desarrollo comercial y urbanístico de Tamaraceire Sur, no a Las Rehoyas, que tiene abierto otro frente contra el Ayuntamiento por el plan de reposición aprobado para ese barrio.

En ambas actuaciones urbanísticas interviene Geursa, cuyos principales dirigentes están imputados en las diferentes piezas separadas que investiga el juez y la Fiscalía, entre ellos José Manuel Setién, coordinador municipal de Urbanismo hasta su jubilación en 2023, o Marina Mas, gerente de la entidad hasta su cese reciente.

Diligencias

Una de las últimas actuaciones adoptadas por la autoridad judicial es encargar una pericial sobre las parcelas permutadas por Geursa con el empresario Felipe Guerra, que es otro de los investigados. El objetivo del informe es cuantificar esas operaciones y verificar si hubo un perjuicio patrimonial para la administración municipal.

El origen de esa investigación en curso es precisamente la denuncia presentada por Rehoyas Avanza por las irregularidades detectadas en la segregación de la finca que dio pie a las permutas bajo sospecha. De ahí lo rocambolesco de la situación: el denunciante no puede personarse como acusación particular y tampoco como popular por lo elevado de la fianza.

Recurso

Un portavoz del colectivo vecinal ha confirmado que recurrirán la decisión del magistrado ante la Audiencia de Las Palmas, con la intención de que el tribunal rebaje el importe y puedan cumplir el requisito exigido por el juzgado para promover la acusación contra Geursa.

Passaro también impuso 12.000 euros al Partido Popular. La organización política, con más recursos aparentemente que Rehoyas Avanza, tiró la toalla y renunció a personarse.